Ciudad de México. Luego de dos semanas de “dar vueltas” por diversas oficinas del registro civil del estado de Baja California, Luisa Martínez finalmente logró casarse el pasado lunes con su esposa, en un trámite que logró llevarse a cabo “por la buena voluntad de una funcionaria”, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció que negar el derecho al matrimonio igualitario es un acto de discriminación.

En entrevista, Martínez explicó que ella y su pareja tuvieron que acudir en varias ocasiones a sedes gubernamentales de los municipios de Tecate y Tijuana para casarse, en las cuales recibieron un trato despectivo e ineficiente, sin que pudieran llevar a cabo este trámite administrativo.

A decir de Luisa, la pareja estaba particularmente interesada en concretar lo antes posible su matrimonio no sólo por un deseo personal, sino también para que su esposa pudiera tener acceso a servicios de seguridad social, ya que es asmática y por ende está en un especial riesgo ante la pandemia de Covid-19.

La unión legal de ambas mujeres a final de cuentas se pudo realizar, dijo Martínez, en buena medida porque tienen una conocida que les ayudó a contactar a una funcionaria local que accedió a realizar el trámite, a pesar de que la semana anterior el Congreso de Baja California rechazó una iniciativa legal para aprobar el matrimonio igualitario en esta entidad federativa.

Con respecto a este caso, el activista Jaime López Vela lamentó que en muchos estados del país la concreción del matrimonio entre personas del mismo sexo aún se trate de un acto que dependa de la buena o mala voluntad de un funcionario, cuando la SCJN ya indicó que negar esta garantía es un acto de discriminación.