Madrid. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español informó de una sentencia histórica, que todavía no se ha hecho pública en su integridad, pero sí el fallo, con la que se condenó al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, por lo que deberá indemnizar con unos siete mil euros y pagar una multa de diez mil, además de ser inhabilitado para cargo público durante dos años.

La sentencia, firme, obliga al condenado a cesar del puesto de forma fulminante una vez se haya redactado la sentencia, con lo que el Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, deberá nombrar a otra persona al frente de la institución.

Hace poco más de una semana finalizó la vista oral del histórico juicio, el primero en el que se sentó en el estrado al fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado y un pilar esencial en el poder judicial. De ahí que el fallo se hiciera público de forma expedita, en la que de los siete magistrados que integran la Sala cinco votaron a favor de la sentencia y condenatoria, mientras que dos en contra con un voto particular que también se harán públicos. 

De ahí la formula singular para anunciar el fallo: primero se informó del dictamen final y en unos días, cuando el presidente de la Sala redacte la sentencia, se hará público el razonamiento jurídico que les llevó a tomar esta decisión. El fallo hecho público hoy decía literal: “Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular”.

Por su parte, el artículo citado del Código Penal reza que “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. Los magistrado decidieron, eso sí, absolver al acusado del resto de delitos, por lo que la pena no supondrá la cárcel, tal y como pedían las acusaciones, que solicitaban hasta seis años de prisión.

Además de la inhabilitación para el cargo durante dos años, sin duda la pena más severa para García Ortiz, también deberá pagar una multa de siete mil 200 euros y deberá indemnizar con 10 mil euros al denunciante, Alberto González Amador, un empresario madrileño que además es la pareja sentimental de la presidenta regional de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso.

A García Ortiz finalmente se le condenó por su polémica actuación durante los días 13 y 14 de marzo, cuando se hizo pública la negociación de González Amador con un juez madrileño por un presunto caso de evasión fiscal, por unas supuestas facturas falsas que ascendían a medio millón de euros. 

Durante la negociación se hizo pública la identidad del acusado y se enfatizó en su condición de pareja sentimental de la presidenta madrileña, hasta el punto de que el propio fiscal general intervino en la redacción de una nota de prensa en la que se citaron párrafos íntegros del intercambio epistolar entre los abogados del acusado y la Fiscalía. Este hecho fue el meollo de su condena, ya que como servidor público y garante de la justicia tenía el deber de no divulgar los documentos privados.

Ante la sentencia, el gobierno español, que declaró que “respeta pero no comparte” la condena, ya inició los trámites para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado.