Río de Janeiro. El Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento, y busca atraer más inversión privada al sector, que se encuentra en un estado de precariedad.

El proyecto convertido en norma, que el presidente Jair Bolsonaro planea firmar, tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar, dijeron sus impulsores.

Los opositores argumentaron en cambio que pondría un recurso público vital en manos privadas, en momentos en que muchos países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua.

El proyecto de ley, que había rubricado la cámara baja en diciembre, fue aprobado por una votación de 65 a 13 en el Senado.

“Casi la mitad de la población de este país carece de saneamiento básico”, dijo el principal patrocinador del proyecto, el senador Tasso Jereissati del partido de centro derecha PSDB.

“Para el año 2033, la universalización de los servicios de agua y saneamiento tiene múltiples beneficios. El saneamiento tiene un efecto multiplicador que crea empleo, salud, educación y mejora la vida de las personas”, indicó.

El gobierno estima que se necesitarán 700 billones de reales (130 mil millones de dólares) para cumplir ese objetivo.

La iniciativa tiene como objetivo atraer inversiones privadas al sector mediante la eliminación del límite del gasto público en asociaciones público-privadas, y facilitar la privatización de las empresas de saneamiento de propiedad estatal.

La votación fue resultado de una sesión remota debido a la pandemia de coronavirus, que ha resaltado la urgencia de abordar los problemas de saneamiento para los pobres en el país.

El país tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos. Muchos brasileños carecen de acceso a lo más básico necesario para prevenir el contagio: agua limpia para lavarse las manos.

El saneamiento es el último sector importante de infraestructura en Brasil que no ha sido privatizado. Bolsonaro, que ha impulsado una agenda radical de reformas de libre mercado, consideró la aprobación del proyecto una prioridad.