Madrid. España vivirá sometida al “estado de alarma” al menos 15 días más, es decir hasta el próximo de junio, cuando concluirá la nueva y quinta prórroga de esta medida de excepción para luchar contra la pandemia del Covid-19. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, logró el respaldo de los dos partidos que forman la coalición de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), y con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Ciudadanos y Coalición Canaria (CC).
Para luchar contra la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que en España ya ha provocado 27 mil 888 fallecidos, más de 232 mil infectados, de los cuales más de 55 mil son sanitarios, el presidente Sánchez pidió autorización al Congreso de los Diputados de autorizar el “estado de alarma”, que según la ley se tiene que ir renovando cada 15 días. La primera autorización logró el respaldo de la inmensa mayoría de los grupos, pero tras las sucesivas peticiones aumentaron también las críticas a la gestión y se fueron perdiendo por el camino muchos apoyos en aras de la unidad para afrontar la crisis.
En la quinta solicitud para mantener el “estado de alarma”, que según el gobierno es la única manera de limitar en todo el territorio los derechos al libre movimiento y de circulación, el gobierno español vio como se fracturaba la unidad de los partidos de izquierda, con duras críticas por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del valenciano Compromis, que también decidieron sumarse al bloque de los votos en contra, en donde el núcleo duro de la derecha, el Partido Popular y Vox, y otras formaciones nacionalistas, como Junts per Catalunya y CUP.
La autorización fue posible gracias a las negociaciones de última hora con el PNV y con Ciudadanos, que ha cambiado su estrategia en las últimas semanas al pasar a ser uno de las formaciones más críticas al gobierno español a ser un aliado crucial para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Sobre todo a raíz del nuevo liderazgo de la formación, que recayó en la política catalana Inés Arrimadas.
Con esta autorización, el gobierno español pretende afrontar las últimas fases de la llamada “desescalada” hacia la “nueva normalidad”, antes de devolver las competencias a las comunidades autónomas y los derechos a los ciudadanos, al menos los que les fueron suspendidos durante estos últimos meses.
