La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la decisión tomada por el gobierno del estado de Yucatán, respecto de la seguridad de la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar, de retirarle el servicio de escolta, pese a que ya que contaba con las medidas de protección en esa entidad federativa.

En un comunicado, el organismo público señaló que Salas “ha sido incansable defensora en pro de la mujer en Yucatán, además de Representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de Ni una Más AC; promotora de que se decrete en Yucatán la Alerta de Género e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México”.

Asimismo, recordó que el 30 de marzo de 2017 le solicitó al gobierno del estado de Yucatán la implementación de medidas cautelares con el objeto de garantizar la vida e integridad física de la defensora; no obstante, a la fecha subsiste el riesgo inminente de ese entonces, “por lo que causa desconcierto e incertidumbre a este Organismo Nacional el hecho de que hoy el Estado de Yucatán rescindió la medida de escoltas”.

Por tal motivo, la CNDH solicitó el 6 de abril de 2020 la incorporación de la defensora de derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar, al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades del Estado de Yucatán, con la finalidad de que restablezcan las medidas de protección a la defensora afectada con la suspensión de escoltas.

Dichas acciones, indicó la Comisión, buscan prevenir, atender y dar seguimiento a las agresiones contra personas defensoras por las acciones y/o omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De igual manera, subrayó la importancia de que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analice y, en su caso, ofrezca todas las garantías de seguridad y protección a la defensora y su familia, y le solicitó al gobierno de Yucatán que se continúe con el servicio de escolta para la defensora de derechos humanos, en tanto su caso sea analizado por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.