Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por diputados de Morena en Baja California Sur en contra del gobernador de la entidad, el panista Carlos Mendoza Davis, a quien acusan de intromisión en sus labores.
La SCJN también otorgó la suspensión solicitada por el Congreso sudcaliforniano para efectos de que “la Policía estatal, no impida u obstaculice las funciones que constitucionalmente corresponde realizar a los integrantes del Poder Legislativo”.

El conflicto surgió cuando los diputados pertenecientes a los partidos Morena y del Trabajo, decidieron ejercer su mayoría para destituir a los presidentes de varias comisiones y puestos legislativos.

Ante esta medida, el gobernador Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional (PAN), envió a la policía estatal a resguardar las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso, lo que impidió concretar el cambio de su titular, decidido por la mayoría de los diputados.

Por ello el legislativo estatal denunció una intromisión indebida del gobernador en sus funciones constitucionales: “aducen como transgredido, entre otros, el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto protege la separación de funciones entre los Poderes Públicos de una entidad federativa, y que con ello se obstaculiza al Congreso de la entidad ejercer las facultades que constitucionalmente le corresponde llevar a cabo.”