Ciudad de México. México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal, destacó Alejandro Ponce, investigador del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), al presentar la segunda edición del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Los resultados del trabajo muestran un retroceso en el indicador “orden y seguridad” de este clasificador en 19 entidades mexicanas debido al aumento en la tasa de homicidios, en la prevalencia e incidencia delictivas y el deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.
Para el trabajo esta organización independiente y multidisciplinaria clasificó a las 32 entidades del país y puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25 mil 600 personas, de encuestas a más de 2 mil 600 expertos en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.
Al igual que en la edición anterior, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a uno, donde uno representa mayor adhesión al Estado de derecho. Por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.
Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán); descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en seis (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).
En este contexto, Alejandro Ponce destacó que es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley.
