Los trabajadores afectados señalan que en enero inició un proceso de desincorporación ilegal, ya el Instituto no avaló el procedimiento, por lo que los empleados recurrieron al amparo.
Los pensionados reclaman el pago de “la deuda por juicios de amparo”, iniciados por la negativa del gobierno estatal para el pago de aguinaldos y otras prestaciones.
Exigen que el fondo de pensiones libere el pago de los aguinaldos que ilegalmente retuvo desde diciembre pasado, así como algunas prestaciones que debe.
