Zacatecas, Zac. La juez tercera de distrito del Poder Judicial Federal en Zacatecas, Margarita Quiñones Hernández, rechazó el juicio de amparo colectivo que mil 106 maestros y trabajadores administrativos, jubilados y pensionados de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) interpusieron contra del Issstezac para exigir el pago de su aguinaldo y otras prestaciones que el organismo administrador del sistema de pensiones les adeuda desde el pasado mes de diciembre.

Quiñones Hernández determinó en su resolución, emitida la tarde del martes 5 de julio, que los jubilados y pensionados que promovieron el amparo “carecen de interés jurídico”, por lo que decidió sobreseer la petición, dejándola sin efectos, manteniendo a salvo la negativa del Issstezac de pagar aguinaldos y otras prestaciones, afectando en total a más de 4 mil 600 ex trabajadores del gobierno estatal.

Ante esa decisión, este miércoles Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del SNTE, denunció que en la resolución de la juez Quiñones Hernández hubo “intromisión directa del gobierno de Zacatecas” para que se rechazara el amparo y no se pague su aguinaldo y otras prestaciones a los jubilados y pensionados por el Issstezac.

El fallo del juzgado tercero, dijo el líder magisterial, “nos sorprende porque eso representa que la jueza tercero de distrito emite la sentencia de concluir el proceso, y nosotros lo concebimos, interpretamos y tenemos en claro que hay una intromisión del estado de Zacatecas para cuidar los intereses del Issstezac”.

Por ello, dijo Castruita Hernández, “nuestro exhorto muy puntual como organización sindical es para el señor gobernador constitucional, David Monreal Ávila, para que deje de llevar a cabo acciones de intromisión en la impartición de la justicia y que sean las instituciones en este ámbito de su competencia quienes resuelvan en apego al derecho y en apego a la legalidad”.

El líder de la sección 58 del SNTE recordó además que no fue él quien interpuso el amparo colectivo a nombre de mil 106 jubilados y pensionados, sino que la defensa jurídica la encabeza directamente el Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos del SNTE nacional —que impugnará la resolución—, contra de todo el poder del estado de Zacatecas, y eso entendemos, es una confronta, un desafío, porque hay inconsistencias en la resolución de la jueza, hay ilegalidad y hay inconstitucionalidad”.

La resolución jurisdiccional alertó además a otro grupo de jubilados y pensionados del Issstezac, más de mil (del grupo total de 4 mil 600), quienes a través del despacho jurídico Rada y Asociados, también interpusieron demandas de amparo y sí han logrado resoluciones favorables con los asuntos que han recaído en los juzgados de distrito primero y segundo, pero no en el tercero, con la misma jueza.

Al respecto, el abogado Jorge Rada explicó que su estrategia jurídica para defender a estos más de mil ex trabajadores de la educación que pelean lo mismo, fue interponer todas las demandas de amparo de forma individual, a nombre de cada uno de los quejosos, y no de forma colectiva, como lo hizo la defensa jurídica del SNTE.

Sin embargo, lamentó Jorge Rada, la misma juez Margarita Quiñones Hernández rechazó los casos que le han sido turnados, mientras que los otros dos jueces de distrito han otorgado el amparo de la justicia federal a más de 200 jubilados y pensionados del grupo que representa el despacho Rada y Asociados.

Por lo anterior el abogado solicitó al Consejo de la Judicatura abrir una investigación contra la juez citada sobre los criterios con los que toma sus resoluciones, y revisar además el presunto conflicto de interés que tiene con el gobierno estatal en el caso del Issstezac.

Sabemos, dijo Jorge Rada, que el argumento de la juez Quiñonez Hernández decidió sobreseer el amparo colectivo que interpusieron los jubilados y pensionados a través de su representante del SNTE, “considerando que ellos ‘no acreditaron el interés jurídico’, lo cual puede derivarse de una mala praxis de la asesoría jurídica, pero eso es muy raro que ocurra”.

No obstante, señaló el abogado, “creemos que el Consejo de la Judicatura debe revisar si se están tomando en cuenta los derechos constitucionales que protegen los derechos de estas personas, que son un grupo vulnerable y los protege la ley de adultos mayores, el interés público debe protegerlos. Y es cuestionable que la juez esté exigiéndoles la carga probatoria, pidiéndoles que acrediten su interés jurídico: la calidad de pensionados y jubilados, cuando este es un hecho de facto porque esa calidad deriva de una relación laboral que ya se tuvo”.