Ciudad de México. En una decisión que surgió de concesiones al movimiento de productores del campo, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la nueva Ley General de Aguas –que abroga la vigente desde 1992– y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales con un paquete de 18 cambios adicionales a los 50 ya incluidos en el dictamen.

A partir de un nuevo acuerdo con las organizaciones agropecuarias, la coalición formada por Morena, PT y PVEM, que votó en favor, presentó un bloque de modificaciones, entre otras para precisar la garantía de derechos de sucesión y regular la extracción por libre alumbramiento.

Asimismo, se reconocen en la Ley General de Aguas los sistemas comunitarios y los servicios de agua para actividades productivas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; que el tratamiento de sus aguas se apegue a sus sistemas normativos y se rijan por la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional.

Con los cambios adicionales se desactivó la movilización de productores que bloquearon parcialmente la Cámara con tractores. La oposición, sin embargo, insistió en que la reforma tiene un trasfondo político para que el gobierno y Morena controlen el agua.

Durante toda la sesión, PRI y PAN –que, junto con MC, votaron en contra– recriminaron que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas e insistieron en que, en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, se impide la transmisión de derechos.

En el dictamen –que se enviaría durante la madrugada al Senado, que fue citado a las 8 horas de hoy para discutir la minuta– se prevé que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.

Sin embargo, por la noche, con la reserva se agregó que “los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que deberá entregar nuevos títulos en un máximo de 20 días.

Con este agregado, argumentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al presentar el paquete de modificaciones, el “discurso artificial de la oposición se cayó por su propio peso. Con estridencias no se gana el voto en las urnas. De lo que se trata esta ley es de que los ricos ya no hagan negocio con el agua”. Y el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, agregó: “les desarmamos la narrativa”.

En medio de un debate que encendió los ánimos en las curules, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó: “queda claro y contundente que, así como se resolvió la herencia del título de concesión, se permite transmitir a los hijos y nietos. Y no se quitará ni un metro cúbico de la concesión original. No hay despojo”.

En el artículo 49 se precisó que, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión de agua, la Conagua emitirá un nuevo título, “exceptuando el análisis de la disponibilidad”.

Perdido el debate, el panismo pasó a los empujones con los diputados de Morena y el PT. Foto Luis Castillo

Perdido el debate en la tribuna, el panismo pasó a los empujones con los diputados de Morena y PT, que habían caracterizado a ex gobernadores del blanquiazul y al ex presidente Vicente Fox como “el cártel del agua”, por las concesiones que se dieron a sí mismos para controlar la extracción de millones de metros cúbicos de líquido.

Tan sólo la familia Fox dispone de 14 títulos, resaltó Francisco Javier Borrego (Morena).

Tecnificación de riego

Además, se aprobó incluir en la Ley de Aguas Nacionales la tecnificación de los sistemas de riego y que el manejo, explotación, uso y reúso del agua no excederá los volúmenes mayores a los concesionados, con la finalidad de mantener el equilibrio hidrológico de cuencas y acuíferos.

Se atendió otra de las propuestas de los productores, para definir que, antes de disminuir o cancelar el volumen de agua concesionada, en caso de riesgo de disponibilidad, se hará con previa valoración técnica e información a los usuarios.

De manera adicional, en el artículo 123 Bis 4 se agregó que no se sancionará el desvío de cauces o corrientes cuando –además de uso personal y doméstico– sea para uso agropecuario familiar.

En el caso de la regularización del libre alumbramiento, se agregó que en los lineamientos que emita la Conagua “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento de agua”.

Los productores habían insistido en equiparar en el artículo 123 Bis 5 de la misma ley, el delito de cohecho a funcionarios que otorguen concesiones a cambio de un soborno para ellos o sus familiares, y lo que se agregó fue aumentar la pena hasta 14 años de prisión en esos casos.

En el artículo 24 del dictamen, se preveía que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga, que podría solicitarse hasta dos años antes de su término, y en respuesta a lo solicitado por los productores, el periodo se amplió a tres.

Se agregó que el Programa Nacional Hídrico se actualizará y mejorará conforme a criterios y directrices sociales, ambientales y económicas que garanticen la equidad en el acceso al líquido, la integridad de los ecosistemas generadores del mismo, y se privilegiará el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, salubre, aceptable, asequible y equitativo.

En el intercambio de posturas, mientras Morena y sus aliados defendieron que con ambas leyes se termina con el acaparamiento del agua, el robo y la extracción ilegal, para poner orden y fin a “los miles de pozos” que poseen familias como la LeBarón en Chihuahua, la oposición sostuvo que, con los cambios, se da paso a un “despotismo hidráulico”.

Al cierre de esta edición, continuaba el desahogo de más de 500 reservas en lo particular, aunque no serían aceptadas en el pleno.