Ciudad de México. La propuesta de modificación del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en la Cámara de Diputados, puede afectar al desarrollo de la minería en México, advirtió este miércoles la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
En un comunicado, el organismo que representa a profesionales y técnicos de la industria minera, dijo que comparte la preocupación de las empresas mineras que operan en México, debido a las consecuencias para diversas industrias y la economía nacional.
Indicó que reconoce la necesidad de considerar el agua como un bien público y un derecho humano, fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y la supervivencia de los seres humanos.
No obstante, señaló que considera que la gestión eficiente y responsable del agua es un pilar fundamental en las estrategias de desarrollo sustentable de la actividad económica en México y debe privilegiarse el consumo humano pero, “en los términos que lo plantea la propuesta de reforma, afectaría negativamente a la industria minera y otros sectores económicos”.
Recordó que 76 por ciento del agua en México está concesionada para uso agrícola, 14 por ciento para abastecimiento público, 5 por ciento para el sector energético y 5 por ciento para el sector industrial; mientras que la minería utiliza un estimado de 0.27 por ciento del volumen total nacional.
“La minería formal en México cumple estándares estrictos y confina sus residuos de forma segura. Con la asesoría de instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las unidades mineras se establecen lineamientos claros para la gestión responsable del recurso hídrico, garantizando su preservación y uso sostenible durante la etapa operativa y tras la conclusión de las actividades mineras”, apuntó.
En ese sentido, dijo AIMMGM, la propuesta para la modificación del artículo 118 amenaza la continuidad operativa del sector, la producción de minerales estratégicos y el sustento de alrededor de tres millones de familias que dependen directa e indirectamente de la minería.
