Ciudad de México. La Cámara Minera de México (Camimex) expresó su preocupación ante las graves afectaciones que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la Cámara de Diputados.
“La minería formal, responsable y regulada en México NO vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”, dijo este martes en un comunicado el organismo que aglutina a varias de las empresas mineras más grandes del país.
Explicó que los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos.
“La construcción de esta infraestructura —incluidos los depósitos de residuos mineros y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero— es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable. Su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad”, dijo.
Desde su punto de vista, la redacción vigente considerada para el Artículo 118, prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional —especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables.
Destacó que como cualquier país que tiene un importante potencial minero, México necesita una regulación sólida, basada en información y evidencia técnica, que garantice la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, permita que sectores esenciales para el país operen bajo las mejores prácticas como lo hacen nuestras empresas afiliadas.
“Esta prohibición absoluta carece de fundamento, afectando a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México”, advirtió la Camimex.
Para el organismo es indispensable que se establezca con claridad que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se vierten en ríos, lagos ni cuerpos de agua, ni ponen en riesgo la salud de las personas; al tiempo que se considere la compleja geografía del país, donde las prohibiciones previas resultan inviables y de mantenerse arriesgan a que México se convierta en un país dependiente de la importación de minerales, en lugar de producirlos.
También pide que se reconozca la necesidad de contar con autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, la cual es fundamental para la operación minera y para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección ambiental.
