Sin acordar “hojas de ruta” para abandonar los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación, terminó recientemente en la ciudad de Belén la COP30 sobre el cambio climático. No se incluyó en el texto final a los hidrocarburos ni el carbón. Ni compromisos o plazos concretos para su eliminación progresiva. Un triunfo de los más de mil 600 lobistas asistentes, voceros de las trasnacionales petroleras y carboníferas, especialmente de Estados Unidos, aliados con India, Rusia y Arabia Saudita. 

Rescatable de esta cumbre, el acuerdo de establecer un mecanismo sobre la transición justa; de triplicar el financiamiento para la adaptación los próximos 10 años y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en especial sobre la tierra y sus conocimientos tradicionales. 

Casi en paralelo, se conoció un estudio en el cual se denuncia que más de 5 mil 500 instalaciones que almacenan o manipulan desechos industriales, combustibles, efluentes y residuos en Estados Unidos están en riesgo de inundarse antes de 2050 por el aumento del nivel del mar. También afectaría a casi la mitad de los puertos y terminales de combustibles fósiles existentes, una tercera parte de las plantas de energía, casi una cuarta de las refinerías y poco más de una quinta de plantas de tratamiento de aguas residuales. No fueron incluidos oleoductos ni que se presenten huracanes más frecuentes e intensos, como lo fueron Katrina, Rita y Harvey, que provocaron derrames tóxicos. 

El 80 por ciento de esas instalaciones se ubican en siete estados: Luisiana, Florida, Nueva Jersey, Texas, California, Nueva York y Massachusetts. Pero ninguno de sus centros de población costeros ha iniciado obras para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar. Lo más que se tiene son proyectos para ciudades como Nueva York, Miami, Tampa, Boston, Nueva Orleans, Los Ángeles, San Francisco y San Diego. 

Las comunidades más afectadas de esas y las demás urbes costeras son habitadas por familias de bajos ingresos, en especial las afroamericanas y/o hispanas. También por migrantes con niveles más altos de aislamiento lingüístico. La periodista Dorany Pineda, de la agencia Associated Press (AP), fue una de las que difundió las partes centrales del estudio, financiado por la Agencia de Protección Ambiental durante el mandato de Joe Biden, y publicado en Nature Communications. 

Una de las autoras, Lara J. Cushing, profesora en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de California, en Los Ángeles, afirmó que el objetivo central del estudio fue “anticiparnos al problema mirando hacia el futuro”. Y, por ende, llamar la atención de las instancias oficiales sobre los problemas citados, a fin de que tomen urgentemente las medidas necesarias que permitan “mitigar los riesgos e incrementar la resiliencia”. Advertencia muy oportuna, pues seguirá la contaminación mundial y, con ella, el calentamiento de los mares, debido fundamentalmente al modelo energético basado en la quema de carbón, petróleo y gas. 

Pero el problema que originaría el aumento del nivel del mar en los siete estados del vecino país se extiende también a naciones vecinas. En el caso de los ubicados en el océano Atlántico, sería nocivo para México, Cuba y los países caribeños. Las corrientes marinas se encargarían de llevar al Golfo de México, por ejemplo, los tóxicos existentes en las más de 5 mil 500 instalaciones que almacenan o manipulan desechos industriales, combustibles, efluentes y residuos de alta peligrosidad para el medio ambiente y la salud pública. 

Igual sucedería con el litoral que México tiene en el océano Pacífico. Los residuos provenientes del vecino estado de California afectarían a, por lo menos, cinco entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y además, al acuario del mundo: el Golfo de California.

A ese peligro potencial se agrega el que ninguno de los centros urbanos ubicados en los más de 11 mil kilómetros costeros de México cuenta con programas para mitigar el aumento del nivel del mar. 

Tampoco los centros urbanos, los complejos industriales, especialmente los petroquímicos, las zonas portuarias ni los polos turísticos más importantes. 

Es una grave omisión que se arrastra desde hace décadas, pese a las numerosas advertencias de los científicos y los centros de investigación sobre los efectos negativos que ocasionará dicho aumento.