Ciudad de México. Aunque en estos días continuarán los encuentros con los campesinos inconformes con las propuestas presidenciales de la Ley de Aguas, el dictamen al respecto estaría listo en las próximas horas para su discusión y votación la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados, adelantó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila. 

En conferencia de prensa, el legislador señaló que originalmente el dictamen se iba a aprobar y circular desde el pasado lunes o martes, para discutirlo esta misma semana, “pero decidimos que no, qué diéramos un espacio mayor -aparte de las audiencias públicas-, (para) escuchar a otros grupos de productores, campesinos, comuneros, empresarios, industriales y mineros, de sus inquietudes sobre las dos leyes que revisamos en este momento”. 

Desde el lunes pasado, detalló Monreal, ha recibido a productores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, y las reuniones continuarán hoy y mañana, en el marco de una mesa de trabajo coordinada por su compañero de bancada, Gabriel García. 

Una vez terminados los encuentros con los productores, para considerar cuáles de sus propuestas son viables e incluso pueden modificar la iniciativa original del Ejecutivo para crear una nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales, “el dictamen puede liberarse ahora (hoy) o mañana”. 

Sin embargo, aclaró, “daremos los cinco días que el reglamento señala para la aprobación del dictamen en comisiones y luego para el inicio de la discusión en pleno. Tengo confianza en que muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas”. 

Luego de asegurar que “sí habrá modificaciones” a la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en las propuestas de los grupos inconformes, Monreal enfatizó que la intención de ambas normas “no es afectar derechos de las propiedades pequeñas, ni tampoco castigar a ejidatarios y comuneros en sus derechos sobre el agua, sino evitar el acaparamiento y uso indebido del agua, y poner orden en las concesiones”, las cuales se han otorgado de forma “muy irregular”. 

De acuerdo con el también presidente de la Junta de Coordinación Política, algunas de las principales preocupaciones de los campesinos son la posibilidad de que les quite el derecho de uso de agua en las tierras que poseen; que les retiren parte del volumen del líquido que ya utilizan, y se afecte su derecho a heredar, vender o transmitir sus tierras, de manera conjunta con los recursos hídricos. 

De igual forma, señaló, hay inquietud entre los productores por las posibles afectaciones a créditos agrícolas; la agilización de los trámites de regularización; el cambio del agua de uso agrícola a industrial, y el robustecimiento de los distritos de riego como las entidades encargadas de regular el uso del líquido, en vez de que lo haga un organismo independiente. 

Por otro lado, refirió que, a solicitud de agrupaciones civiles, en la Ley General del Agua se definirá el contenido del derecho humano al agua, “e incluso hay organizaciones que plantean la prohibición en la Constitución de privatizar al agua con empresas particulares que la administren en municipios o regiones. Hay peticiones en ese sentido”. 

En los diálogos que ha sostenido en estos días, añadió, los productores también han planteado suprimir en la Ley de Aguas Nacionales las sanciones por supuesto “traslado ilegal de agua”, cuando necesitan acarrearla a los agostaderos.  

Además, refirió, organizaciones ambientalistas han advertido los riesgos de que empresas mineras realicen vertimientos de aguas contaminadas.