Ciudad de México. El procedimiento administrativo en contra de tres consejeros y tres ex consejeros fue radicado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se desarrollará un juicio sin precedentes que podría derivar en inhabilitación de la función pública de los implicados, porque la acusación es por infracciones graves.

Dania Ravel, una de las personas denunciadas, dijo que se trata de una acción política más que jurídica que podría afectar no solo a las consejerías -incluso para cobrar su finiquito laboral- sino a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El caso se originó en 2021 cuando Morena denunció al entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, así como a Ciro Murayama y Roberto Ruiz, quienes concluyeron su encargo en 2023, así como a Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, actualmente en funciones.

Hace unos meses, el Órgano Interno de Control del INE reactivó el expediente relacionado por aquella decisión tomada en el consejo general del instituto de prorrogar la consulta de revocación de mandato, bajo el argumento de insuficiencia presupuestal.

Finalmente la consulta se realizó por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ravel señaló en entrevista que cada implicado seguirá su línea de defensa, y ante una resolución en su contra la vía de impugnación sería el amparo.

-¿Cómo les afectaría una sentencia de esa naturaleza?, se le preguntó.

-Por supuesto es una mancha en el expediente porque al final de cuentas es una sanción en nuestra función como personas servidoras públicas. Además, hasta donde entiendo también, el manual de procedimientos en materia administrativa del propio INE establece que mientras tangamos un procedimiento abierto en el ámbito administrativo por parte del OIC no podríamos tener una liquidación (los tres concluyen su encargo en abril próximo).

Consideró que la actuación del OIC tiene dos vertientes, la personal, es decir, la afectación en la imagen pública, en el desempeño como servidor público, los gastos y el tiempo invertido para la defensa, así como perjuicios en la autonomía e independencia del INE.

Lo anterior, añadió, porque el proceso no es por una falta como el peculado o nepotismo, sino por una decisión del máximo órgano de decisión del instituto, su consejo general, por lo cual es más grave el tema.

¿Ven un matiz político en esto?

-Es difícil no ver un matiz político cuando es una decisión que se tomó en un órgano de decisión, que tiene que actuar de manera independiente, autónoma, y que lo que se está cuestionando son los criterios técnicos y operativos de la decisión de un colegiado.

Apenas esta semana el INE compareció al procedimiento de responsabilidad administrativa como tercer interesado.

“Defender la autonomía del INE es un deber”, dijo Ravel al señalar que es indispensable evitar que las decisiones que toman los consejeros en ejercicio de sus funciones “se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana”.

Si esta independencia se vulnera, advirtió, se afecta directamente la capacidad del INE para organizar elecciones libres y auténticas.