Madrid. Meta, la multinacional tecnológica que tiene entre sus servicios a Facebook, WhatsApp e Instagram, fue condenada por un juzgado de Madrid a pagar una multa de 479 millones de euros (10 mil millones de pesos) por haber incurrido en “competencia desleal”. El dinero será a modo indemnización para 87 empresas editoras afectadas, entre ellas las dueñas de los principales medios de comunicación de la prensa escrita y digital del país, que se unieron en esta causa judicial siguiendo la estela de lo que ha ocurrido en otros países como Bélgica, Francia, Irlanda y Alemania.
El modus operandi de Meta está cada vez más entredicho por los sistemas de justicia de muchos países. El último en sumarse a esta condena, que en este caso fue tipificada como un delito de “competencia desleal”, fueron los tribunales españoles, en concreto el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, que investigó y sentenció sobre la petición presentada por las 87 empresas de medios de comunicación, que representan a su vez a las cabeceras más importantes del país, como los diarios El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, As, Marca, Expansión, Cinco Días y numerosos portales digitales.
En la sentencia, el juez decidió estimar de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.
Estos datos no son solo los relacionados con Facebook e Instagram, sino la actividad en Internet en general de los usuarios, lo que colocaba a la red social en una posición de domino en el mercado digital. Esa práctica, sostiene el juez, le da una ventaja competitiva significativa “desleal” respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias, ya que Meta infringió durante ese periodo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). De ahí que cite la sanción impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en diciembre de 2022 por este motivo, que sirvió de base legal para esta sentencia.
Meta tiene este mismo modus operandi en todos los países en los que opera, que son prácticamente todos los del planeta, incluido México, si bien hasta ahora lo había hecho con impunidad. Pero todo cambió con una serie de hitos, entre ellos cuando en 2018, cuando la compañía aun era Facebook y la ley europea entraba en vigor, la red social cambió sus condiciones para que el consentimiento de tratamiento de datos personales de sus usuarios pasara a hacerse por “ejecución de contrato”. Es decir, hasta entonces la tecnológica estaba obligada a informar el usuario para que este aceptara o no si se iba a utilizar su información para vender publicidad. Pero al entrar en vigor el reglamento europeo, Meta cambió de vía a la ejecución de contrato, dando a entender que la publicidad personalizada era una parte esencial del servicio de las redes sociales por ser gratuitas.
De ahí que el juzgado considera que Meta incurrió en una ilegalidad en España al “prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante infracción de las leyes. En cambio, si en vez de abandonar la base legal del consentimiento del usuario la hubiera mantenido, Meta habría evitado la infracción y demandas como la interpuesta por la prensa digital española no podrían prosperar”.
Además de esta multa impuesta a Meta en España, de 479 millones de euros, la multinacional estadunidense también fue sancionada por la Comisión Europea en abril de este año con una multa de 200 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales, y posteriormente, en noviembre del 2024 la Unión Europea (UE) le impuso una multa de 798 millones de euros por prácticas abusivas que beneficiaban a su red Facebook Marketplace. Antes, en enero y diciembre de 2024, Meta fue multada en Irlanda por el Comisionado de Protección de Datos que le impuso una sanción de 390 millones de euros. Si bien la multa más alta que le ha sido impuesta a Meta fue en mayo de 2023, cuando un juzgado también irlandés la obligó a pagar una multa de mil 200 millones de euros por transferencia de datos a sus matrices centrales en Estados Unidos.
