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Edil de Tepoztlán intenta desalojar a 56 vendedores de la plaza cívica

Expendedores de la plaza cívica de Tepoztlán, Morelos, acusaron al gobierno municipal de intentar desalojarlos del área para, supuestamente, reubicarlos en el mercado nuevo, el cual no cuenta con los locales suficientes.
Expendedores de la plaza cívica de Tepoztlán, Morelos, acusaron al gobierno municipal de intentar desalojarlos del área para, supuestamente, reubicarlos en el mercado nuevo, el cual no cuenta con los locales suficientes. Foto Rubicela Morelos
18 de noviembre de 2025 09:03

Cuernavaca, Mor., El ayuntamiento de Tepoztlán, que preside Perseo Quiroz Rendón, pretende desalojar de manera definitiva a 56 comerciantes que venden sus productos desde hace 50 años en la plaza cívica de la cabecera municipal de ese pueblo mágico, con el argumento de que “afean el lugar”.

Los afectados consideran “ilegal” esta medida, pues “no hay ninguna orden judicial”, además de que atenta contra su economía pues de esa actividad obtienen ingresos para la manutención de sus familias.

El sábado en la madrugada el alcalde independiente ordenó un operativo para desalojar a los expendedores de diversos productos que se encontraban en la calle No Reelección, frente a la alcaldía, debido a que la plaza fue utilizada para celebrar actos deportivos con motivo del aniversario 115 de la Revolución Mexicana.

El gobierno local utilizó grupo de choque integrado por civiles “alcoholizados” que eran resguardados por alrededor de 25 policías municipales y servidores públicos locales, denunciaron los vendedores y sus abogados.

La operación se realizó a las 2 de la madrugada y dejó saldo de una comerciante golpeada, identificada como Columba Rodríguez Barragán, la sustracción de dos menores de un puesto (hijos de una vendedora), ocho comerciantes desalojados y sus locales destruidos, además, de que en una camioneta se llevaron todos los muebles y herramientas de estos comercios.

Los 48 locales restantes ya no los retiraron, pues integrantes del gremio se percataron de lo sucedido y se trasladaron al lugar para defender a sus compañeros. Los expendedores y Horacio Solís, uno de sus abogados, denunciaron que no había de por medio una orden de desalojo emitida por un juez.

Solicitaron el documento al secretario de seguridad del municipio, Israel Rodríguez, y al secretario del ayuntamiento, Joaquín Medina Rodríguez, y otros funcionarios municipales presentes, pero éstos reconocieron que no había tal y era una “orden del alcalde”, por lo que no les quedó otra más que retirarse casi a las 3:30 de la madrugada.

La abogada Bárbara Zamora expuso que desde hace varias generaciones los comerciantes de este municipio indígena que se rige por usos y costumbres han vendido alimentos típicos como quesadillas, tlaxcales y tacos, así como productos de primera necesidad como verduras y frutas, actividad con la cual mantienen a sus familias, siendo este trabajo la única forma de ganarse el pan de cada día”.

No obstante, el 3 de octubre se publicó en el Periódico Oficial de Morelos un acuerdo que emitió el cabildo municipal de Tepoztlán por el cual se “declara la plaza cívica del centro de Tepoztlán, Morelos, libre de comercio semifijo y ambulante”.

Con ello se prohíbe a los expendedores realizar su trabajo en el sitio, como los venían realizando desde hace 50 años, con la amenaza de que si no desalojan dicha plaza les impondrán una multa o arresto de 12 a 36 horas y mediante el uso de la fuerza pública desalojarán los puestos.

Es violación al “derecho al trabajo”: Bárbara Zamora

Al interrogarla sobre el hecho de que ocho comerciantes ya fueron desalojados, Zamora sentenció que “representa la violación a derechos antes adquiridos a que se impusiera esta prohibición, por lo que nadie puede ser privado de sus garantías constitucionales por un capricho del presidente municipal (Perseo Quiroz)”.

Se trata, afirmó, de una “violación al derecho al trabajo, plasmada en el artículo 5 de la Constitución de México, la cual estipula que a ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Además, agregó, es un “acto de discriminación. El artículo 1º de la Constitución prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condiciones de salud, religión, opiniones, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Expuso que la eliminación del mercado representa una privación arbitraria de la fuente de ingresos y, por ende, del derecho al trabajo de los vendedores, quienes han ejercido su actividad de manera continua durante 50 años, con autorización de hacerlo por un reglamento municipal que así lo establece.

Señaló que el argumento del alcalde Perseo Quiroz de que el objetivo de desalojarlos es embellecer la plaza porque los comerciantes la “afean”, es subjetivo y discriminatorio, basado en prejuicios estéticos o socioeconómicos, que atentan contra la dignidad de los comerciantes y criminalizan su actividad y presencia en el espacio público.

Puntualizó que el ayuntamiento también violó el derecho de audiencia y legalidad. “Los artículos 14 y 16 constitucionales garantizan que nadie puede ser privado de sus posesiones o derechos sin un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.

La abogada del despacho Tierra y Libertad criticó que tampoco se tomó en cuenta que se trata de una grupo vulnerable.

En un recorrido de La Jornada por el pueblo mágico para recabar testimonios de los vendedores, éstos recordaron que el 7 de noviembre enviaron un escrito a Quiroz Rendón para que les informara sobre la reubicación de los 56 locatarios y de sus espacios que tendrán en el mercado nuevo construido en la pasada administración municipal y estatal, pero a la fecha no les ha dado respuesta.

Reprocharon que desde el día del desalojo, con el pretexto del fin de semana largo, ninguna autoridad municipal les ha “dado la cara” para responder por esta “ilegalidad”.

En la administración municipal de David Demesa Barragán (2022-2024) y en la estatal a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024), se construyó un mercado con cerca de 200 locales, el cual fue inaugurado a finales de la anterior gestión municipal.

Sin embargo, de entonces a la fecha la autoridad no informado cuántos locales tiene la edificación de tres pisos y menos ha asignado locales. El inmueble se localiza detrás del ex convento de Tepoztlán.

El abogado Horacio Solís comentó que debido a esta desinformación, falta de transparencia y amenazas de la anterior y actual administraciones, en la recta final del pasado gobierno municipal la mitad de comerciantes que estaban en la plaza cívica se fue al nuevo mercado y la otra mitad se quedó en la explanada. No obstante, de manera extraoficial, las autoridades municipales han informado a los comerciantes que “sólo quedan 20 locales libres”.

Los vendedores encabezados por Columba Rodríguez y Horacio Solís aseguraron que “seudolíderes” que aceptaron irse bajo las condiciones de la pasada administración municipal, acapararon los locales. “Les dieron hasta cuatro locales”, afirmaron.

Ex funcionarios “acaparan locales”

Denunciaron que funcionarios del anterior trienio “se agarraron locales”, como el ex edil David Demesa Barragán, que ahora, con su esposa, vende nieves en el nuevo mercado de Tepoztlán.

Por ello, los comerciantes pidieron que se transparente el proceso de asignación de locales. Aseguraron que la regidora Aleida Sandoval Bello, tiene junto con su familia varios locales, cuando sólo le tocaba uno. Y Raymundo Campos Marquina, coordinador general de permisos y licencias y de mercados del actual ayuntamiento 2025-2027, “cuanta hasta con cinco locales”,dijeron los comerciantes de la plaza cívica.


 

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