Ciudad de México. Frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), más de 90 organizaciones sociales, sindicales, ambientales y defensoras de derechos humanos demandaron al gobierno federal construir en conjunto una agenda trinacional que priorice las necesidades de los trabajadores, campesinos y los pueblos originarios.

Agrupados en la Asamblea de Incidencia del T-MEC, los colectivos señalaron que el acuerdo comercial no sólo afecta las relaciones entre las empresas y los gobiernos, sino también ha profundizado las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y los territorios, además de que ha “transgredido” la soberanía de las comunidades indígenas.

Víctor Quintana, experto en el sector agropecuario, señaló que con el tratado de libre comercio, suscrito en 1992, y la primera etapa del T-MEC, entró en vigor un “modelo unidimensional” que ocasionó que en el campo mexicano sólo haya empresarios agrícolas, y no pequeños productores ni comunidades indígenas.

De ahí que, subrayó, en la próxima revisión del T-MEC, se debe tomar en cuenta que el campo nacional es el espacio de las familias campesinas, el territorio de las comunidades y el primer lugar para satisfacer el derecho humano al agua.

“La negociación del T-MEC es una prueba para la democracia mexicana. En la media en que los negociadores sean portavoces de las demandas de los diversos sectores sociales, la posición de México se verá fortalecida”, indicó.

Tajín Romeo Estañol Zavaleta, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), coincidió en que el T-MEC si bien llegó con la promesa de modernizar el campo, lo que ha dejado es dependencia alimentaria, abandono del campesinado, concentración corporativa e importaciones que destruyen la producción nacional.

Las organizaciones como Alianza Campo Justo, Campaña Sin Maíz no hay País y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras, reafirmaron la defensa de la soberanía alimentaria y exigieron sacar al maíz y al frijol del T-MEC, y que éste garantice la protección de las semillas nativas, del agua y del territorio.

En materia ambiental, apuntaron que frente a los modelos trasnacionales de negocio, debe respetarse la libre participación de las comunidades y pueblos en todas las decisiones que afecten sus entornos, recursos y modos de vida.

A su vez, Rita Robles, coordinadora del Proyecto de Solidaridad Obrero Intersindical, México-Canadá, resaltó la importancia de que los gobiernos de los tres países establezcan compromisos y políticas de regularización migratoria que terminen con los “tratos crueles” que están llevándose a cabo contra mexicanos y personas en situación de movilidad de otras nacionalidades.

Por su parte, Rosario Ortiz, de la Red de Mujeres Sindicalistas, apuntó que en materia laboral existen “asimetrías”, por lo que debe fortalecerse el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, ya que sólo aplica a México, y Estados Unidos y Canadá están exentos de realizar investigaciones en sus propios países por violaciones a los derechos laborales.

Además, planteó que debe ampliarse la aplicación del mecanismo a otros derechos, como la violencia y la discriminación, y no sólo la libertad sindical y la contratación colectiva, y que las quejas laborales para realizar investigaciones abarquen a las cadenas de suministro.

Los colectivos señalaron que los procesos de consulta realizados por el gobierno federal, se han centrado en el sector empresarial, por lo que plantearon que sean incluidas en el Cuarto de Junto.

Recalcaron que su objetivo es abrir un espacio de diálogo a fin de incidir en la agenda comercial, ambiental y laboral del T-MEC.

En este sentido anunciaron que sus propuestas las presentarán en próximos días a la Secretaría de Economía, y otras dependencias, y posteriormente a autoridades de Estados Unidos.