El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no pertenece a ningún actor político, sino al Estado mexicano”, señaló Gilberto de Guzmán Bátiz García, presidente de la sala superior de esta máxima instancia, ante las críticas a los juzgadores surgidos de la primera elección judicial del país y, sobre todo, por la supuesta cercanía de los magistrados con el poder político.

Un día antes de emitir su primer mensaje como titular de la sala superior, subrayó que no debe el cargo a ningún político y, por tanto, no aceptará presiones.

“No estamos aquí para ganarnos el aplauso de nadie, sino para defender la legalidad y la constitucionalidad de los actos”, comentó a La Jornada.

–En la opinión pública se dice a bote pronto que usted fue puesto por la 4T y ahora deberá responderle, ¿qué dice al respecto?

–Yo no respondo a ningún color o bandera política; aquí lo importante es responder a la legalidad y al voto de la ciudadanía. Mi mandato, con este voto popular, es tratar de volver a generar esta confianza, volver a articular una justicia útil y cercana. La fortaleza del TEPJF estará en la manera en que construyamos las decisiones.

Bátiz García es abogado por el Centro Universitario México y maestro en derecho constitucional por la Universidad Marista; su currículum muestra el paso por múltiples oficinas donde ha sido litigante, investigador, docente, notario público adjunto, asesor y, recientemente, consejero y magistrado de las dos principales instancias electorales de su natal Chiapas.

En 2017 fue asesor en una coordinación del TEPJF, y ahora vuelve como presidente de la sala superior, por haber sido el candidato más votado en su categoría, según marca la Constitución.

El principal señalamiento hacia los magistrados, sobre todo de los provenientes de los opositores a la reforma y a la elección judicial, se relaciona con el hecho de que su nombre apareció en los famosos acordeones y ganó con 4.7 millones de votos, en una contienda en la que fueron a las urnas 13 por ciento de los potenciales electores.

La semana pasada, tanto Bátiz como su colega Claudia Valle, también elegida el pasado primero de junio, abandonaron la sesión porque sus pares votarían las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral a 188 aspirantes precisamente por haber sido incluidos en los acordeones o guías para sufragar. Por mayoría de votos, la sala superior revocó lisa y llanamente tales sanciones.

Al respecto, el magistrado presidente sostuvo: “el beneficio es cuando se tiene conciencia de ello; yo en ningún momento conocí de la realización (de las guías), ni las mandé hacer ni las divulgué. Esa es una realidad.

“Si bien es verdad que existió este ejercicio de los acordeones, lo cierto también es que (se requerían), porque íbamos en campaña alrededor de 4 mil 500 candidatos federales, más los locales, en 19 entidades.”

Además, dijo, no podemos asegurar que la mera existencia de un documento de estos significara el sufragio para alguien en particular.

“No podemos aseverar que porque la gente tuviera conocimiento de algunas de las herramientas de votación, en el momento de encontrarse frente a la casilla no podía elegir libremente, así fuera por azar, cual era su elección”.

Sin embargo, subrayó que no se puede menospreciar ese proceso ni la participación ciudadana en un ejercicio inédito, con múltiples restricciones para los abanderados que debieron hacer campaña sin recursos públicos. “Hipotequé el futuro de mis hijos (al usar sus ahorros para el proselitismo)”.

Pidió no “desdeñar que se nos otorgó un mandato popular, y es al que nos debemos. Parte de esa fortaleza implica que (el cargo) no son cuotas políticas”.

Las designaciones de distintos cargos –añadió– siempre han implicado eso: reparticiones y cuotas políticas; el mandato constitucional que nosotros tenemos hoy implica la confianza de la ciudadanía.

Bátiz García es desde esta semana el responsable de la conducción del TEPJF, cuyo presupuesto para el año en curso es de 3 mil 749 millones de pesos, y pidió para el próximo 4 mil 9 millones. La mayor parte de los recursos se va al pago de sueldos y prestaciones de mil 680 personas y a los gastos de operación inherentes a la atención de todos los procesos electorales del país, desde una sindicatura hasta la Presidencia de la República.

Ante un eventual recorte, propone que más que enfocarse en un concepto de austeridad, la vía es la “racionalidad” de fondos y una revisión de gastos innecesarios.