El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, perpetrado la noche del 1º de noviembre en plena celebración del Día de Muertos –el Festival de Velas–, es una lamentable muestra de la persistente descomposición que padece Michoacán.

El homicidio del empleado público, en el que además resultó herido un funcionario local, y en el que fue abatido uno de los agresores, es de suyo condenable, como lo es todo asesinato, y a esa condena deben sumarse los deplorables efectos políticos del crimen.

No puede pasarse por alto que la víctima era un opositor a la estrategia de construcción de la paz aplicada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que llevó tal oposición hasta el punto de que se manifestó a favor de la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes. Debe recordarse asimismo que el alcalde ultimado exigió en diversas ocasiones la intervención en su municipio del gobierno federal, exigencia que fue satisfecha desde diciembre de 2024 con el envío de efectivos de la Guardia Nacional, 14 de los cuales fueron asignados a la seguridad periférica del funcionario, acatando así su deseo de que el primer círculo de protección quedara a cargo de policías municipales de su confianza.

Con estos antecedentes, el homicidio detonó de inmediato una campaña de virulencia sin precedente –tanto en medios como en redes sociales– en contra del gobierno federal y del estatal, montada en buena medida en la legítima exasperación de la sociedad michoacana ante la violencia delictiva persistente en la entidad. En Uruapan el cortejo fúnebre de Manzo devino manifestación opositora y en Morelia el palacio de gobierno fue asaltado y vandalizado.

Ésta y cualquier otra acción de la delincuencia homicida resulta inaceptable y repudiable y no puede menospreciarse la exigencia ciudadana de ponerle fin. Pero no debe obviarse que la descomposición de la seguridad pública y del estado de derecho detonó desde hace dos décadas, un proceso que se disparó a raíz de la declaración de “guerra” emitida en esa entidad por Felipe Calderón a fines de 2006, y que se multiplicó con los manejos del fenómeno de las autodefensas en el gobierno de Enrique Peña Nieto; el primero de esos momentos fue claramente señalado por el propio Manzo, quien se refirió así a la génesis de la violencia que afectaba a su estado cuando fue diputado federal por Morena, antes de postularse en calidad de independiente por la presidencia municipal de Uruapan. Por ello, el inocultable afán de la oposición política por sacar provecho político del asesinato del edil es de una deplorable inmoralidad.

Llama la atención que hasta el subsecretario de Estado de Estados Unidos y antiguo embajador de Washington en México, Christopher Landau, haya aprovechado el condenable homicidio del presidente municipal michoacano para enviar a México, a guisa de condolencia, un mensaje fuera de lugar –como no lo ha hecho en casos semejantes–, pero a tono con las ya habituales propuestas, ofertas, amenazas y chantajes injerencistas formuladas por Washington hacia nuestro país, con el pretexto de combatir la delincuencia organizada. Se trata de una señal por demás ominosa, si se tiene en mente que al recurso en boga del gobierno estadunidense para enfrentar el crimen es una campaña de ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes en aguas internacionales.

En lo inmediato, es procedente exigir el expedito e inobjetable esclarecimiento del homicidio, así como la identificación y ubicación de los posibles autores intelectuales y su presentación ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a fin de que les sea impuesta la sanción que por ley competa. Asimismo, corresponderá a la investigación del caso determinar los fallos que hubieran podido presentarse en el doble dispositivo de seguridad de Manzo Rodríguez.

Finalmente, aunque cada vida segada por las balas resulte exasperante e inaceptable, los datos objetivos indican que la estrategia en curso para la construcción de la paz está dando resultados; sería un contrasentido y una aberración usar el homicidio del edil de Uruapan para demandar un retorno a políticas de seguridad pública que multiplicaron de manera exponencial la violencia delictiva y el poderío de la delincuencia organizada.