El marcadamente intervencionista subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, no dejó pasar la oportunidad y, a 13 horas y media del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, colocó en X una condolencia a la que añadió que “Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.
Además, Landau deseó que la memoria de Manzo “inspire acciones rápidas y efectivas”, sin precisar los objetivos y términos prácticos de ellas. El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió con diplomacia: “toda la cooperación es bienvenida; toda, si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos”.
Las palabras de Landau, quien se pavonea de ser el quitavisas, dan marco a la profusión de mensajes en redes sociales que concertadamente acusaron a la Presidenta de México, a su antecesor, al partido en el poder y a varias de sus figuras relevantes de ser “asesinos” de quien presidió Uruapan, así fuera por omisión. Al pésimo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le tocó recibir personalmente esos señalamientos al asomarse al lugar donde se velaba a Manzo. En Morelia hubo protestas que llegaron a derribar las puertas del palacio estatal de gobierno y produjeron destrozos de mobiliario, incendios y confrontación con policías.
Hay, desde luego, a juicio largamente expuesto aquí y en otros foros por este tecleador, errores, distorsiones, injusticias e impunidad atribuibles al proceso llamado Cuarta Transformación en cuanto a combate al crimen organizado. Hay, también, un ánimo social sumamente lastimado por la continuidad del predominio de los grupos criminales, en muchas ocasiones en contubernio con poderes, sobre todo estatales y municipales, muchos de ellos llegados al poder de manera aberrante por la vía de Morena.
Aquí se ha señalado que la gran mayoría de gobernadores guindas y aliados de este color parecen gerentes del negocio dominante, con tolerancias a conveniencia en los casos menos graves y, con frecuencia, con abierta complicidad que significa recursos para campañas electorales y enriquecimientos personales, familiares y grupales.
Reiterado lo anterior, vale señalar que el hartazgo genuino por la persistencia y crecimiento del poder del narcotráfico, el legítimo derecho de ciudadanos de oponerse a gobiernos, en este caso los de la 4T, y la justa indignación por el asesinato del presidente municipal Manzo pueden ser aprovechados por las instancias estadunidenses que se muestran insistentes en desestabilizar a México y propiciar “acciones rápidas y efectivas”, a la vez que unilaterales, contra el crimen organizado mexicano.
En momentos confusos y propicios para desarrollar manuales de desestabilización, se produce una convocatoria extraña de entes de ultraderecha a una manifestación a mitad del mes en curso a nombre de la “generación Z”, con significativa remembranza de lo sucedido recientemente en Nepal, con protestas violentas, incendio de edificios legislativos y gubernamentales, agresión directa a funcionarios públicos y sus familias y el derrocamiento de quienes ejercían el poder. También se multiplican los asesinatos e incidentes de impacto político fuerte. Y en las redes sociales se magnifica todo de tal manera que quien se quedara sólo con las expresiones publicadas en redes por ese abanico de voces habría de suponer que el país entero está al borde de la ingobernabilidad, casi en vísperas de una guerra civil o un enfrentamiento armado contra el gobierno federal.
Es imprescindible dar la dimensión exacta a la genuina protesta social, a la oposición y la disidencia, pero también es fundamental no perder de vista lo que a escalas mundial y continental está haciendo Estados Unidos, obstinado, en el caso mexicano, en generar escenarios que potencien y faciliten su pretensión de intervenciones diversas, incluso directas, físicas, para “combatir” al crimen organizado. ¡Hasta mañana!
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