Ciudad de México. Juzgadores cesados  por la Reforma Judicial se manifestaron en instalaciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ) de  la Ciudad de México, para exigir el pago de indemnización que la Reforma Judicial establece por la pérdida de su empleo, entre ellos el pago de tres meses de salario y 20 días por cada año laborado.

Los inconformes bloquearon la avenida Revolución con dirección de Sur a Norte durante media hora, lo que ocasionó molestia de los conductores. Se retiraron la vialidad luego de que les prometieron reunirse con Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ.

Fryolan Muñoz Alvarado, magistrado con 35 años de antigüedad y que estaba adscrito en Michoacán, dijo que fue cesado por la Reforma Judicial. "El Órgano de Administración Judicial no ha cumplido con lo dispuesto por el constituyente permanente en el artículo Décimo Transitorio del decreto de Reforma Judicial publicado el 15 de septiembre de 2024, el cual señala que los magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultaron electos por la ciudadanía para un nuevo período, serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrados y de 20 días de salario por cada año de servicio".

Indicó que el incumplimiento por dicha disposición constitucional afecta "gravemente" a las familias de los juzgadores, en particular a las mujeres juzgadores que son cabeza de familia y tienen a su cargo hijos, así como padres mayores de edad, compromisos escolares, pagos de hipotecas y deudas en general.

"A esto se suma el impedimento constitucional de no poder ejercer la profesión durante dos años en la entidad donde fueron cesadas injustificadamente, por eso la manifestación, para que las autoridades cumplan con lo que se determinó en en el Decimos Tránsitorio de la Reforma Constitucional".

Por su parte Faustino Gutiérrez Pérez, juez de distrito en retiro, comentó que son alrededor de 800 jueces y magistrados afectados y que es la cuarta ocasión que se manifiestan para demandar el pago de indemnizaciones.

"Las autoridades nos han estado dando largas, hemos venido en varias ocasiones. Hemos platicado con el órgano de administración, con el pleno, y nada más nos están dando largas y largas. Venimos cada mes, sí hay diálogo, pero no nos sirve, porque no nos han pagado absolutamente nada. Algunos tenemos diez meses, otros once meses, en lo particular yo tengo diez meses que me retiré y no nos han pagado un solo centavo. Eso es lo único que estamos exigiendo, que ya nos paguen la indemnización que está establecida y que ellos mismos pusieron en el artículo décimo transitorio".

"Hay que recordar que tenemos prohibido litigar dos años en el lugar en que fuimos juzgadores, entonces nosotros necesitamos que nos paguen esa indemnización, porque es un derecho que tenemos como trabajadores que fuimos cesados".

Nafin transfirió a la Tesorería recursos para solventar pago a despedidos 

Apuntó que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contaba con un fideicomiso para  saldar este tipo de indemnizaciones.

Sin embargo, recordó que en abril de este año, Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos que había en los fideicomisos que operaba el entonces CJF.

Incluso ese órgano del Poder Judicial aseguró que la transacción se ejecutó sin su consentimiento. En aquella ocasión el CJF dio conocer que Nafin le informó de la transferencia de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, que el consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito y que en su calidad de fideicomitente, no fue consultado para la operación y que nunca giró instrucción alguna a Nafin para esa transferencia.

Conforme a los transitorios décimo del decreto de la reforma judicial y vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que declinaron su candidatura o que no resultaron electos serían acreedores a un pago extraordinario, el cual debía ser cubierto con los recursos que derivarían del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados.