Ciudad de México. Alrededor del 20 por ciento de los cigarros que se fuman en el país son producidos o comercializados por el crimen organizado, estima un avance del estudio “La comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México” del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex).
A decir de Manuel Pérez, quien lleva a cabo una segunda fase de esta investigación, el consumo de los cigarros ilegales pasó del 8.5 por ciento en 2017 al 20.4 por ciento en 2023, porque han crecido en el mercado ilegal, debido a que no tiene controles sanitarios y es un negocio lucrativo.
“Es un fenómeno creciente y multimillonario, pero prácticamente desconocido y que pasa desapercibido”, señaló Manuel Pérez durante la presentación de este avance del estudio en el Colmex, tras aclarar que no sólo es en México, sino que se trata de un fenómeno global, pues uno de cada 5 cigarros que se consumen en América Latina es ilegal.
Comentó que ante el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros aprobado hace dos semanas, el objetivo es desincentivar el consumo y aumentar la recaudación, lo cual prevé que haya un efecto indeseado que es la expansión del comercio ilegal de cigarrillos.
Sobre los hallazgos que han detectado, señaló que el tabaco ilegal reproduce los mismos daños que el tabaco legal y añade nuevos riesgos sanitarios, además de ser un negocio “gris” del crimen organizado porque se sabe poco y se busca mantenerlo oculto para no llamar la atención.
El punto de quiebre del origen de los cigarros ilegales, apuntó, fue en 2011 cuando hubo un incremento del 30 por ciento del impuesto al tabaco (que significa 1.3 por ciento de los ingresos federales totales).
Además, la búsqueda de opciones más baratas para los consumidores fomenta el contrabando y la fabricación ilegal de éstos, por lo que grupos criminales controlan la venta de “cigarros sueltos” en establecimientos irregulares como tianguis y cervecerías irregulares.
Frente a este comercio ilegal, consideró que es necesario reforzar la capacidad aduanera y de fiscalización, proteger a los comercios formales frente a la coerción de redes criminales, así como expedir una Norma Oficial Mexicana (NOM) específica para la fabricación de tabaco para reducir la ambigüedad normativa.
