Hermosillo, Son. Ocho funcionarios del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (CECOP), están bajo investigación por su presunta participación en un desvío de 67 millones de pesos detectado en transferencias irregulares a cuentas personales, confirmó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río Sánchez.

El expediente de responsabilidad administrativa por falta grave de peculado ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación penal paralela. 

La funcionaria precisó que, además de cinco servidores públicos inicialmente señalados, tres más están siendo indagados por haber presuntamente facilitado los trámites que permitieron el desvío millonario. La auditoría al CECOP inició el 1° de abril, luego de una denuncia del ex director del organismo y la detección de transferencias bancarias irregulares realizadas en los meses previos.

Como parte de las medidas cautelares, cuatro funcionarios fueron suspendidos temporalmente y se les redujo el salario, mientras que se embargó de forma precautoria un inmueble vinculado a uno de los implicados. “Calculamos que en diciembre podremos dar a conocer los resultados de la investigación”, adelantó Del Río Sánchez.

La secretaria informó que el monto desviado fue recuperado en su totalidad gracias a la colaboración entre dependencias estatales y el sistema bancario. Este caso —señaló— evidenció la vulnerabilidad de los organismos descentralizados que manejan recursos públicos con autonomía administrativa.

Precisó que la investigación administrativa se originó tras una denuncia del ex director del CECOP y la detección de transferencias bancarias irregulares a cuentas personales no reconocidas. 

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta una investigación penal. Entre las personas señaladas se encuentra la esposa de un funcionario presuntamente implicado en las transferencias, quien enfrenta proceso bajo prisión preventiva.

Asimismo, la Secretaría Anticorrupción ha impuesto 92 inhabilitaciones y 23 amonestaciones a servidores públicos en lo que va de este 2025, principalmente por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y por casos de hostigamiento laboral.

“Uno de los temas más delicados que tenemos es la falta de presentación de la declaración patrimonial. También han aumentado las denuncias de hostigamiento laboral, acoso y hostigamiento sexual”, señaló.

De acuerdo con los registros, en 2023 el órgano fiscalizador local emitió 544 observaciones a entes públicos, mientras que en 2024 la cifra bajó a 354, lo que representa una reducción del 34 por ciento.