Luego de un debate que se extendió por casi siete horas, los diputados federales aprobaron en lo particular la Ley Federal de Derechos, con los aumentos propuestos en el dictamen, con 352 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), y 133 en contra por parte de los grupos parlamentarios de oposición.

En la minuta enviada al Senado de la República para ser ratificada, se crearon nuevos cobros de derechos como el de autorizaciones para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura, como por ejemplo los cruceros, por el que se cobrará 297.89 pesos.

También se estableció un pago por formatos de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, con un monto de 294.01 pesos.

Además de los incrementos en trámites migratorios para extranjeros y del ingreso a sitios turísticos y museos, a los que se aprobaron aumentos de hasta más de 100 por ciento, destacan los incrementos en servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos.

Entre ellos, los servicios de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea, por cada hora de vuelo, para los cuales se avaló un cobro de 57 por ciento más, al pasar de 134 mil a 211 mil 618 pesos. 

La expedición de certificados de capacidad, licencia o permiso para personal aeronáutico sube hasta en un 20 por ciento; los certificados de aeronavegabilidad hasta en un 32 por ciento y los Servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que brinda a entidades financieras, tienen 16 por ciento de incremento.

Las reservas presentadas por más de 60 oradores fueron descartadas en medio de los reclamos de la oposición por aprobarse una ley que, acusó, viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31 de la Constitución.
Los incrementos en materia migratoria, dijo la priísta Marcela Guerra al presentar una de las reservas, representan un “encarecimiento desproporcionado, que convierte un derecho, una regularización migratoria, en un privilegio que solo se obtiene el que tiene dinero suficiente”.

En tanto, la diputada de Morena, Petra Romero, defendió que la adecuación “no solo es necesaria sino urgente para garantizar certeza y coherencia jurídica”, al citar como ejemplo las modificaciones en materia de telecomunicaciones.