Uruguay aprobó este miércoles por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, una norma pionera en América Latina.

El Senado aprobó la norma titulada "Muerte Digna" con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes y así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida.

En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley. Más de diez horas de debate respetuoso y por momentos emotivo saldó un tema que varios legisladores calificaron como "el más difícil".

Pero el desesperado grito de "asesinos" que soltó una de las decenas de personas que siguieron el debate en las gradas cortó abruptamente los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma.

Para el oficialista Daniel Borbonet se votó un texto "sólido" y que "ofrece seguridad jurídica". En una posición crítica a la redacción del documento, Pedro Bordaberry (centroderecha) consideró que es "una ley de fomento" de muerte asistida.

Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos. El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.

Laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto. El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema.

La iglesia Católica mostró "tristeza" ante la votación afirmativa en Diputados en agosto y la resistencia al proyecto que se volvió ley traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones rechazaron la redacción por considerarla "deficiente y peligrosa". Para el Colegio Médico la instancia de reglamentación, posterior a la promulgación del Poder Ejecutivo, será clave para dar más certezas.