Guadalajara, Jal. El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos calificó como una grave violación a los derechos humanos el manejo irregular de cuerpos no identificados bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), denunciando “con rabia, dolor e indignación” la presunta entrega de al menos 151 cadáveres a diferentes universidades, muchos de ellos sin identificar ni pedir su devolución para entregarlos a sus familiares una vez reconocidos. 

La práctica, que permaneció oculta durante años, salió a la luz gracias a una investigación periodística del diario local NTR; Luz de Esperanza cuestionó si existe evidencia de que las autoridades forenses y ministeriales agotaron las diligencias necesarias para la identificación y restitución de los cuerpos, como era su obligación.

A través de un comunicado, el colectivo señaló que esta omisión ocurrió en un contexto de crisis forense nacional, donde la movilización institucional ha dependido históricamente del "esfuerzo incansable de las familias buscadoras". 

La entrega de cuerpos sin agotar el deber de identificación fue calificada como una situación "profundamente alarmante y revictimizante", pues ahora flota la duda si esos cadáveres eran de ausentes cuyos familiares aún los buscan.

Los denunciantes recalcaron que el estado tenía la obligación de tutelar los derechos de las personas fallecidas y garantizar procesos claros y diligentes de identificación. Además, subrayaron el incumplimiento del Artículo 346 de la Ley General de Salud, que establece explícitamente que los cadáveres "no pueden ser objeto de propiedad" y deben ser "tratados con respeto, dignidad y consideración". 

Por ello demandaron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos que permitieron la donación irregular de cuerpos sin previa identificación, la suspensión inmediata del personal involucrado hasta que se determinen las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

También se solicitó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigue el caso y emita recomendaciones, garantizando que no haya conflictos de interés ni encubrimiento institucional y se exigió la emisión de medidas cautelares y recomendaciones públicas que aseguren la no repetición de estos hechos y el respeto irrestricto a los derechos humanos en todos los procesos forenses.