Ciudad de México. El grupo empresarial del G9 de la Ciudad de México, integrado por las principales cámaras de comercio, de la construcción, restaurantera, turística, el Colegio de Arquitectos, asociaciones de tiendas de autoservicio y departamentales, así como de Hoteles, entre otros, solicitaron audiencia a la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina para abordar las afectaciones de las movilizaciones recientes en la capital.
En una misiva dirigida a la jefa del Ejecutivo local, el G9 expresa “la preocupación ante los hechos de violencia que se han vuelto recurrentes durante diversas manifestaciones y concentraciones públicas, las cuales no han recibido, hasta ahora, una atención oportuna ni las consecuencias correspondientes por parte del Gobierno de la Ciudad”.
Solicitaron la audiencia en los próximos 30 días para desarrollar en conjunto un protocolo que resguarde a los negocios y sus colaboradores al tiempo que se garantiza la libertad de expresión.
En la carta de dos cuartillas proponen tres puntos principales que son “diseñar un protocolo para prevenir y atender contingentes y marchar violentas, priorizando la protección de personas, negocios y la actividad económica”.
“Reforzar la presencia preventiva de elementos de seguridad en manifestaciones que puedan representar riesgo par negocios establecidos” e “instalar una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar mecanismos de apoyo, compensación y prevención frente a este tipo de afectaciones”.
El grupo empresarial apremió a “garantizar entornos seguros y estables es una responsabilidad compartida; hoy más que nunca debemos trabajar juntos para brindar certeza, confianza y hospitalidad a quienes nos visitan y a quienes habitan y laboran en la capital” previo a la Copa Mundial 2026.
“Nuestro interés es mantener un diálogo abierto y constructivo para alcanzar acuerdos que permitan prevenir impactos económicos y sociales en el sector económico. Las pérdidas que enfrentamos no solo se reflejan en inmuebles o inversiones, sino en miles de empleos y en una amplia cadena de valor que inicia en los campos y zonas de conservación de la ciudad, continúa en los mercados, proveedores y culmina en la mesa de los comensales”, señala.
“El Gobierno de la Ciudad de México juega un papel fundamental en garantizar que los impactos derivados de las marchas no afecten de manera desproporcionada a los sectores productivos y de servicios, miles de familias que dependen de estos sectores”, finaliza.
Firman el documento Jaime Fasja, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; Javier Puente, de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; Vicente Gutiérrez, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México; Ricardo González, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ciudad de México;así como Ada Irma Cruz, de la Cámara nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México.
Leopoldo Hirschhhorn, de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Valle de México; Jack Sourasky, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Ciudad de México; María de Lourdes Medina, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; y Rodolfo Díaz Covarrubias, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos.
Además de Adalberto Ortiz de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México; Alejandro Malagón, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; Antonio Cossío, del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México y Diego Cosío de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C.
La misiva se envió con copia para el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; y de Turismo, Alejandra Frausto.