El juez Miguel Ángel Robles Villegas, señalado de haber favorecido a las empresas de Grupo Salinas, perdió su puesto en la pasada elección judicial, por lo que quedó sin efecto el acuerdo plenario que lo blindaba para mantenerse en el cargo por un periodo adicional de seis años.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señaló a este diario que Robles Villegas ya no se encuentra activo.

Testimonios señalan que el ex juzgador dejó su cargo el 29 de agosto pasado tras solicitar una licencia prejubilatoria al extinto pleno del Consejo de la Judicatura.

Ayer, este medio publicó que el ex Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo para ratificarlo como titular del juzgado sexagésimo tercero civil de la Ciudad de México a partir del primero de octubre de este año, donde se emitieron resoluciones a favor de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Entre ellas la determinación de que la pandemia de covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía al empresario cumplir con el pago de intereses relacionados con una emisión de bonos en Estados Unidos.

Consultada al respecto, la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez explicó que Miguel Ángel Robles Villegas laboró en el juzgado 63 civil, que se extinguió, y posteriormente fue asignado a un juzgado de oralidad mercantil.

Señaló desconocer su forma de trabajo y aclaró que sólo convivieron porque ella es directora del equipo de fútbol de jueces y magistrados “y él era uno de mis jugadores”.

Efectos de la reforma

En otro tema, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México mantiene en opacidad los nombres y las indemnizaciones que se otorgaron a los juzgadores que renunciaron a sus cargos o que no ganaron sus puestos durante la elección judicial de julio pasado.

Justificaron que la reforma a la Ley del Poder Judicial eliminó la oficialía mayor, donde se administraba la información correspondiente, por lo que existe “una imposibilidad material jurídica” para responder a la solicitud de información hecha vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

El TSJ se apegó a la reciente reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, que otorga un plazo de 180 días naturales para la transición de las nuevas áreas del Poder Judicial, por lo que la información podrá transparentarse hasta marzo del próximo año.

“Derivado del cambio en la estructura orgánica originada por la reforma al artículo 122, apartado A, de la Constitución, se extingue la oficialía mayor, misma que tenía a su cargo la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

“Se contará con 180 días naturales para realizar la transición, en ese sentido se encuentra con una imposibilidad jurpidica para contestar la solicitud”, indicaron.