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Empresarios de Guanajuato buscan mantener control sobre el impuesto a la nómina

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Roberto Novoa Toscano, defendió la participación de los hombres de negocio en el uso que se da a los impuestos de los guanajuatenses.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Roberto Novoa Toscano, defendió la participación de los hombres de negocio en el uso que se da a los impuestos de los guanajuatenses. Foto: Carlos García
29 de septiembre de 2025 11:42

León, Gto. Los empresarios del estado de Guanajuato quieren seguir manejando el recurso millonario de los impuestos a la nómina y cedulares, que para este año la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, proyectó una recaudación por casi 11 mil millones de pesos.

A través del Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (COSAINCEG), los consejos coordinadores empresariales de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Celaya y San Miguel de Allende determinaron el destino de casi 38 mil millones de pesos, recaudados en el sexenio (2018-2024) del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Roberto Novoa Toscano, defendió la participación de los hombres de negocios en el uso que se da a los impuestos de los guanajuatenses.

“Yo no lo veo mal; al contrario, al gobierno le beneficia que tenga la participación del sector empresarial porque el sector empresarial no tiene más que un sólo interés: el bien de Guanajuato, el bien para todos”, sostuvo.

El COSAINSEG fue creado en el año 2006 por el entonces gobernador panista, Juan Carlos Romero Hicks, para que los empresarios integraran el órgano de consulta sobre el destino de los impuestos a la nómina y cedulares.

El líder de los empresarios de León pidió honrar y respetar los acuerdos que tuvieron con el entonces mandatario Juan Carlos Romero, para que ellos incidieran sobre el destino de los impuestos.

“Cuando el gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, salió con esta propuesta del impuesto a la nómina para poder recaudar más recurso para las arcas del gobierno estatal, el acuerdo era ese, que el sector empresarial de los municipios tiene un lugar con voz y voto y se determinó para qué”, recordó.

Sin embargo, el estado y los empresarios no han informado sobre el uso de los impuestos, a pesar de que el decreto que dio vida al Consejo Consultivo señala que deben “informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones”.

En la administración (2018-2024), el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo varias reformas al decreto del COSAINCEG para que pasara “de ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”. Es decir, se entregó todo el poder a los empresarios.

En la pasada administración no se informó el destino de casi 38 mil millones de pesos de los impuestos y el actual gobierno (2024-2030) de la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, reservó las actas de las sesiones del consejo.

“La transparencia es lo mejor que podemos tener, entonces, que las cosas sean transparentes y las cosas son como son”, dijo el líder de los empresarios de León, que forman parte del COSAINCEG.

Roberto Novoa se pronunció para que el organismo informe en qué invirtieron y gastaron el dinero de la nómina y cedular.

“Se sabe cuánto se cobra, se sabe en qué se gasta. Yo no le veo mucho sentido andar reservando la información”, comentó.

Agregó que los empresarios esperan ser convocados a una sesión del Consejo porque en el segundo semestre del año deben informar sobre el monto recaudado de los impuestos.

Cabe mencionar que diputados del PAN, Morena y del PVEM se han pronunciado por transparentar el uso de los casi 38 mil millones de pesos recaudados en la pasada administración, incluso en la necesidad de ser auditados.

El coordinador de los diputados del Verde, Sergio Contreras Guerrero, consideró que es necesario desaparecer el COSAINCEG porque la responsabilidad legal de manejar el dinero público es de la gobernadora.

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