Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se regula la prohibición, distribución y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como de diversas sustancias tóxicas y estupefacientes, entre ellas el fentanilo y otros precursores químicos. 

En el texto se menciona que la sanción para el uso y distribución de dispositivos electrónicos de consumo de tabaco es de 1 a 8 años de prisión y multa de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (equivalente a entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos). 

Al justificar su iniciativa, la mandataria, subrayó que los cigarrillos electrónicos y demás dispositivos “producen riesgos a la salud que afectan a las personas usuarias y a quienes las rodean e impactan a las instituciones de salud pública, que destina recursos humanos y económicos para la atención de los riesgos y la atención de pacientes”.

Citó que la Secretaría de Salud ha documentado que, entre los padecimientos que pueden generar están lesiones pulmonares, enfermedades cardiovasculares, problemas de salud bucal y riesgos para la salud en general.

Compras consolidadas

En el documento de 299 cuartillas, también se especifica que la Secretaría de Salud coordinará la contratación consolidada de medicamentos, equipo médico de alta tecnología e insumos para garantizar su disponibilidad y calidad. 

“A través de la planeación y análisis e información de las compras consolidadas es posible desarrollar acciones que permitan un mejor entendimiento con la industria farmacéutica y que conlleven la posibilidad de potenciar que nuestro país se convierta en un polo de desarrollo en la investigación y producción de medicamentos y demás insumos para la salud”, afirmó Sheinbaum.

De igual manera, con las compras consolidadas de medicamentos y equipo médico ayuden a combatir al mismo tiempo la corrupción y lo sobreprecios.

“Con las modificaciones propuestas, la secretaría revisará que las instituciones públicas de salud obtengan mejores condiciones de compra, asegurar la disponibilidad de medicamentos y que las condiciones técnicas y de calidad se han concertadas por todos”, añadió la iniciativa.

De igual forma, se incorpora a nivel de ley que la dependencia “deberá promover en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos dispositivos médicos y demás insumos para la salud, la participación de personas físicas o morales que acrediten contar con inversión en la cadena de producción de medicamentos o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios o almacenes que forman parte de dicha cadena”.

Digitalización, hemoderivados y plaguicidas

Otro aspecto contemplado en el proyecto es incorporar la tele salud, telemedicina y digitalización de registros médicos como herramientas para ampliar la cobertura y mejorar la atención médica, y crear el Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, para sistematizar la planeación de unidades médicas y equipamiento. 

En el texto también se propone la regulación de los hemoderivados y el plasma residual, para establecer su industrialización y obtener medicamentos esenciales, con garantía de calidad y seguridad.

“La regulación de los hemoderivados es crucial para garantizar la seguridad y disponibilidad de estos productos esenciales, ya que son medicamentos vitales para tratar enfermedades como hemofilia, inmunodeficiencias y trastornos hepáticos. 

“Al provenir de sangre humana, existe el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas como VIH o hepatitis por eso es indispensable que su producción cumpla con estrictos controles de calidad tras habilidad y pruebas de seguridad”, puntualizó la iniciativa.

Por otro lado, se proponen mecanismos alternativos de solución de controversias, para que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) atienda quejas de mala práctica mediante conciliación y mediación. 

Dichos medios alternativos garantizarían que “todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, puedan resolver sus conflictos relacionados con la atención médica, casos de mala práctica, negativa de servicios o incumplimiento de tratamientos establecidos”.

También se menciona en la iniciativa el control de plaguicidas altamente peligrosos, con criterios sanitarios para identificar y restringir su uso; se refuerzan las atribuciones de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para agilizar trámites y supervisar productos sanitarios. 

Asimismo, se establecen plazos para la implementación de las reformas, y se incluye la integración del Plan Maestro y la eliminación de autorizaciones previas relacionadas con cigarrillos electrónicos.