Ciudad de México. De acuerdo con diversos colectivos defensores de derechos humanos y de los migrantes, el ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofrecerá mañana viernes una disculpa pública a las familias de las 40 personas que fallecieron en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, y a causa del cual otras 27 personas resultaron con “heridos con secuelas graves de por vida”. 

Por medio de un comunicado, la Fundación para la Justicia; Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes representan legalmente a algunos de los sobrevivientes y familias de las víctimas, explicaron que el acto no es organizado por el Estado mexicano, sino que “se trata de una acción personal de Francisco G. Y., en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual ha llevado en libertad desde el inicio”. 

También subrayaron que la disculpa pública "no cierra el caso”, ni tampoco “debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G. Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”.

El acto, que de acuerdo con los colectivos y organizaciones es coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se realizará a las 16:00 horas, a la misma hora que inicia la marcha de normalistas de Ayotzinapa para recordar la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.  

“La disculpa pública no puede ni debe sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos que México tiene con las víctimas. Es urgente que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de su responsabilidad, que modifique las políticas migratorias que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de personas, y que garantice que hechos como este nunca se repitan. Mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor”, agregaron las organizaciones.

Además, reiteraron que es necesario que todas las personas vinculadas a proceso penal por este caso, sin importar el cargo que ostentaban al momento de los hechos, enfrenten un juicio hasta sus últimas consecuencias; llamaron al Estado mexicano a implementar las modificaciones legislativas adecuadas que eliminen la detención migratoria, y pidieron garantizar la no repetición de hechos como éste, mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.