Madrid. El juez Juan Carlos Peinado propuso que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación, en un proceso que, de celebrarse, también sentaría en el banquillo de los acusados a su asesora y amiga, Cristina Álvarez, y al actual delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. El auto del juez se someterá al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid y en el caso de ser respaldado, entonces se fijaría la fecha para el juicio.

Begoña Gómez está siendo investigada de hasta cinco delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, si bien únicamente el delito de la malversación es el que el juez propone para que sea juzgado por un jurado popular, una figura habitual en el sistema penal español, sobre todo en delitos que tienen que ver con el uso delictivo de los recursos públicos.

En un auto judicial, el juez sostiene que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos” después de las pesquisas e indicaciones que instruyó el magistrado, que a su vez ha sido señalado por el gobierno y por numerosos magistrados de realizar una “investigación prospectiva”, que es un método que roza la prevaricación en el sistema de garantías que tiene la justicia en España.

Gómez, junto a Álvarez y Martín, tendrán que comparecer ante el juez el próximo sábado, a las seis de la tarde (una hora poco habitual), para que les notifique personalmente la instrucción, tal y como establece la legislación.

El juez atribuye el delito de “malversación” a la contratación en la oficina de la presidente del gobierno de Cristina Álvarez, en calidad de asesora pero que en realidad tenía las funciones de asistir a Begoña Gómez en sus actividades públicas, es decir a las relacionadas con los compromisos institucionales por el cargo de su esposo. Sin embargo, según el juez, también realizó trabajos de carácter privado, relacionados con los negocios y proyectos empresariales y académicos de Gómez.

Esta instrucción contra Begoña Gómez se realizó tan sólo un día después de que otra magistrada, en Extremadura, acordó abrir juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.