Caracas. La actual amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela no es un relámpago en cielo sereno. El país sudamericano lleva 25 años resistiendo las agresiones de la primera potencia económica y militar del planeta. El comandante Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 al frente de un movimiento de masas inédito en la historia de esa nación, compuesto por multitudes de los barrios más pobres entusiasmadas por la convicción de un líder popular decidido a voltear la tortilla de la desigualdad social. De inmediato, Washington miró con alerta el “giro” realizado por una nación que durante un siglo fue aliado estratégico, con inmensas reservas petrolíferas que garantizaban al gobierno estadunidense crudo barato y constante.

2001: comienza el sabotaje

La primera gran prueba de fuerza llegó con el paro patronal del 10 de diciembre de 2001, convocado por Fedecámaras y la cúpula sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) como respuesta a las 49 leyes promulgadas por Chávez, entre ellas, reformas agraria, tributaria y petrolera. Un análisis de Workers to workers relaciona la creciente actividad de la CTV con el financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED, fundación estadunidense).

Abril de 2002: zarpazo made in USA

El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por 47 horas, constituyó la primera gran muestra de la intervención estadunidense en Venezuela.

Washington tutoró y monitoreó acciones del alzamiento. Altos funcionarios de Estados Unidos mantuvieron vínculos con empresarios y militares complotados. La marina colaboró con inteligencia y comunicaciones. El embajador en Caracas, Charles Shapiro, se comunicó por radio con conspiradores el día de la sublevación.

Diciembre de 2002: primer intento de asfixia

La oposición y el gobierno de George W. Bush apostaron al sabotaje petrolero como vía para sacar a Chávez. Armaron un “paro cívico” que devino en lockout en la industria. Apostaron a asfixiar al Estado por su principal vena de ingresos: cerraron refinerías, paralizaron exportaciones y apagaron el sistema informático de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), controlado por la empresa SAIC en Virginia.

2004: activación del terrorismo

A comienzos de 2004 hubo movilizaciones violentas con grupos de jóvenes financiados por Washington que ejecutaron vandalismo y una técnica de barricadas diseñada por el cubano-venezolano Robert Alonso. Intentaron paralizar el país al generar focos urbanos de violencia, estrategia repetida luego y conocida como guarimbas.

Ese año se descubrió que en la finca Daktari, propiedad de Alonso, se entrenaban más de 150 paramilitares colombianos para asaltar el poder y atentar contra dirigentes chavistas, con apoyo logístico de Estados Unidos.

2005: fuera la DEA

Chávez suspendió en 2005 la cooperación con la Agencia para el control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), acusándola de espionaje: “El organismo estadunidense estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para, incluso, apoyar al narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno”, afirmó.

2007: redición de las guarimbas

Agencias estadunidenses retomaron en 2007 la estrategia con organizaciones estudiantiles financiadas y entrenadas en el formato conocido como Otpor de Serbia por veteranos de las “revoluciones de colores”. Se multiplicaron bloqueos de calles, quema de mobiliario urbano y ataques a instituciones.

2011: primeras sanciones

El pionero de la agresión económica fue Barack Obama. En 2011 el Departamento de Estado sancionó a Pdvsa por transacciones petroleras con Irán, lo que abrió un ciclo que deterioraría la vida en el país.

2013: vuelve la violencia

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero la derecha desconoció los resultados y desató un nuevo capítulo de guarimbas que dejaron dos decenas de muertes.

Maduro expulsó a tres diplomáticos de la embajada estadunidense por injerencia y conspiración.

2014: terror político y origen del bloqueo

Ese año, dirigentes opositores impulsaron “La salida”, guarimbas que dejaron al menos 43 muertos y gran infraestructura vandalizada. Ese diciembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que inició una década de sanciones y severa crisis económica.

2015: el decreto de Obama

Obama firmó en marzo de 2015 la orden ejecutiva 13,692, que declaró “emergencia nacional” porque Venezuela era “una amenaza inusual y extraordinaria”. Este decreto amplió la “puerta legal” para sanciones posteriores.

2017: del terrorismo político al económico

Con Trump, Washington endureció su estrategia: guarimbas más presión económica. El terrorismo callejero dejó más de 100 muertos y casi mil heridos. Trump firmó la orden 13,808 prohibiendo nuevas emisiones de deuda del Estado y Pdvsa, estrangulando el crédito y acelerando la crisis.

2018: atentado contra Maduro y más sanciones

El 4 de agosto de 2018, durante un acto militar en Caracas, dos drones explotaron cerca del palco presidencial, hiriendo a siete guardias. Maduro salió ileso. Se comprobó la participación de opositores apoyados por Colombia y agencias estadunidenses. Ese año, Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones adicionales al petróleo, oro, minería y banca. Un estudio del Center for Economic and Policy Research calculó que sólo las medidas de 2017-2018 pudieron estar asociadas a más de 40 mil muertes por su impacto en ingresos, insumos médicos y servicios.

2019-2020: crece la agresividad

Washington desconoció la victoria de Maduro en 2018 y en enero de 2019 reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino”. Desde la Casa Blanca pidieron a militares deponer a Maduro. Emitieron sanciones contra Pdvsa, bloqueo de activos y embargo de Citgo.

El 23 de febrero intentaron invadir mediante una caravana de supuesta ayuda humanitaria desde Colombia, repelida por fuerzas armadas, milicias y pueblo. El 30 de abril hubo intento de golpe militar con funcionarios de inteligencia que se refugiaron en Estados Unidos.

En marzo de 2020 el Departamento de Justicia estadunidense acusó a Maduro y otros dirigentes de narcoterrorismo y ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares. En mayo, la fallida incursión marítima Gedeón, organizada por Jordan Goudreau bajo órdenes de Trump y Guaidó, terminó con muertos y capturas, incluidos dos ex boinas verdes.

2021-2024: flexibilización temporal

Entre 2021 y 2024 el gobierno de Joe Biden negoció con Caracas una flexibilización limitada de sanciones que permitió a Chevron operar mínimamente y enviar petróleo a Estados Unidos. Tras la victoria de Maduro en julio de 2024, Washington cantó fraude y retiró la despresurización, apretando de nuevo el cerco de asfixia económica.

2025: la guerra (no) declarada contra Venezuela

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, la agresión contra Venezuela pasó a fase de choque frontal. Revocó la licencia de Chevron, deportó a miles de venezolanos, declaró al Tren de Aragua y al cártel de Los Soles como organizaciones terroristas “controladas por Maduro”, aumentó la recompensa por el mandatario venezolano a 50 millones, autorizó el uso de fuerza militar contra mafias de las drogas y desplegó una flota de ataque en el Caribe, que incluye destructores, cazas y hasta un submarino nuclear.

El 7 de septiembre, Trump contestó a la pregunta sobre si se puede esperar un ataque a “los cárteles” en territorio venezolano con la frase: “Bueno, se enterarán”.

Un cuarto de siglo después, la constante agresión de Washington contra la Revolución Bolivariana ha mutado, pero no para disminuir, sino todo lo contrario. La respuesta venezolana ha sido firme: elecciones, fortalecimiento del poder popular, refuerzo de la política social, alianzas internacionales y una dignidad salida de la memoria histórica latinoamericana.