A ocho días del desalojo en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, las familias expulsadas –que continúan viviendo a la intemperie, en camas improvisadas, bajo lonas y casas de acampar–, denunciaron que las acciones fueron ilegales, por lo que demandaron el respaldo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, acusaron a Orlando Reyes Gómez, director de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno, de justificar el accionar de la policía y de señalar supuestos vínculos de personas de bajos recursos con la delincuencia organizada durante una reunión el viernes pasado. “De nada sirve un funcionario competente si no tiene conciencia social”, reprocharon.

Al inicio, comentaron, las autoridades se mostraron activas al brindar apoyo, incluidos hospedajes en hoteles cercanos, los cuales se mantienen hasta ahora, pero los afectados continúan viviendo en la calle para resguardar sus pertenencias. Además, denunciaron que el beneficio de 4 mil pesos mensuales para rentas fue condicionado a fin de liberar la vialidad.

Por medio de un pliego petitorio de nueve puntos solicitaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el retorno inmediato al inmueble, acompañamiento legal para presentar denuncias penales y administrativas, la expropiación del predio, así como un esquema de vivienda social para adquirirlo de manera justa mediante un crédito.

Arturo Aparicio, asesor legal de los despojados, insistió en que se violó el derecho a la vivienda de 19 familias y de los propietarios de ocho locales, ya que no fueron notificados sobre la orden judicial expedida.

Según explicó, durante más de 25 años los inquilinos pagaron rentas aún después de la muerte del arrendador Adolfo Díaz Pérez de León, sucedida en 1992. Desde entonces, diversas personas se ostentaron como propietarios de manera apócrifa, hasta que en 2022 se deslindaron del papel de arrendadores.

De acuerdo con el abogado, el desalojo derivó de un conflicto entre particulares por la compraventa del predio. En 2024, una de las copropietarias, Mireya Díaz, vendió el inmueble a Virginia Domínguez, quien promovió un juicio alegando incumplimiento en la escrituración.

Con una sentencia resuelta y la intervención de tribunales del estado de Hidalgo y la Ciudad de México, “el despojo se disfrazó de legalidad”, explicó, pues la orden judicial original establecía únicamente la firma de escrituras y que el nuevo propietario asumiera las obligaciones del arrendador original, pero la jueza interina del nuzgado 54, Estela Morales Rodríguez, amplió de forma “irregular” sus alcances y ordenó la expulsión de todos los inquilinos.