"El nuevo Poder Judicial debe hacer justicia a los presos indígenas inocentes, ¡tengo fe en estos nuevos jueces, en su sensibilidad y en el sentido de justicia de su cosmovisión de nuestros pueblos originarios!", dice José Manuel Del Río Virgen, impulsor del Proyecto Inocencia, una organización que de manera gratuita ofrece asesoría jurídica a personas de bajos recursos para que puedan salir de la cárcel.
Celebró que por primera vez un indígena de la zona mixteca de Oaxaca, Hugo Aguilar Ortiz, es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que también en el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, fue designada presidenta Rosalba Hernández Hernández, originaria de Chicontepec sobre quiénes, dijo, hay muchas expectativas y esperanzas.
Recordó que al salir de la cárcel en Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz, dónde estuvo recluido durante seis meses por un crimen que no cometió, los reporteros le preguntaron sobre su experiencia tras obtener su libertad.
“Lo que más duele de la cárcel es que queden tantos presos inocentes", expresó. Admitió que esa vivencia dolorosa le marcó y que por eso se implementó el Proyecto Inocencia.
“Después de haber estado en la cárcel no hay nada más de miedo. Es muy doloroso que nadie te defienda, que el abogado de oficio te abandone y que no tengas recursos para pagar una fianza.
“Por eso cuando salí de Pacho Viejo me preguntó un reportero que qué me dolía más del reclusorio y le contesté que lo que más me duele es que se queden presos tantos inocentes y aunque lograrlo es difícil en ese momento creí que con uno que saque de los que vi que son inocentes me sentiré muy bien".
Afirmó que en Veracruz hay 7 mil personas privadas de su libertad, de las cuales “por lo menos 3 mil 500 no son culpables o no han recibido una sentencia”.
En 2022 -cuando sale de la cárcel- había en el reclusorio de Papantla 242 presos indígenas que no hablaban español y que no tuvieron un defensor que comprendiera su idioma Tutunakú.
El Proyecto Inocencia ha liberado más de 100 personas y ha presentado más de 200 amparos en diferentes cárceles veracruzanas, aunque quedan muchos más aún privados de su libertad acusados de delitos falsos o que combinan elementos de vulnerabilidad como el hecho de ser indígenas y/o no tener dinero para su defensa.
