San Cristóbal de las Cass, Chis. Las organizaciones internacionales denominadas ACAT Francia, Front Line Defenders, OMCT, Indigenous People Rights Internacional y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), hicieron “un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla la recomendación 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas” (ONU), y libere a cinco indígenas tseltales defensores del territorio, originarios del municipio de Cancuc.
Además, solicitaron “implementar un plan de reparación integral que no se limite a su indemnización económica, diseñado con base en un diálogo con las víctimas directas e indirectas”.
Asimismo, “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores de los derechos humanos y del territorio presos desde 2022 acusados de la muerte de un policía municipal: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.
“Reconocemos que fue la lucha de los cinco presos y sus familias, así como de colectivos y organizaciones de México y del mundo lo que permitió señalar esta grave injusticia y llamar la atención del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU”, manifestaron.
Agregaron que “esta misma lucha permitirá su liberación e implementación a cabalidad de la opinión 21/2025. Por lo tanto, hacemos un llamado a la sociedad civil local, nacional e internacional a sumarse a las acciones para la liberación de Manuel, Agustín, Juan, Martín y Agustín”.
Señalaron que en su Opinión número 21/2025 publicada en el mes de mayo del 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU reconoce que los cinco defensores del territorio, indígenas maya-tseltales originarios de Cancuc fueron detenidos arbitrariamente. A la fecha, llevan más de tres años tras las rejas por un delito que no cometieron”.
Agregaron que “el grupo de trabajo de la ONU reconoce que la detención arbitraria está caracterizada en cada uno de los 4 aspectos argumentados por Frayba: No hay fundamento jurídico que justifique la detención; la detención resulta del ejercicio sus derechos humanos; un juicio parcial condujo a la detención, y que esta detención es discriminatoria”.
