Acámbaro, Gto. Los 23 internos del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de Acámbaro fueron aislados en un dormitorio para “desescalar la situación de riesgo” generada por tensiones entre las personas privadas de la libertad, justificó la Secretaría de Seguridad y Paz, por las medidas precautorias emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos.

La dependencia aseguró que tiene el firme compromiso de ser garante del respeto y protección de los derechos humanos de los internos de todos los penales del estado, que cuentan con certificaciones otorgadas por la Asociación de Correccionales de América (ACA).

En los Cepreresos se cumplen estándares internacionales de seguridad, de condiciones de internamiento, de respeto a los derechos humanos y de programas de reinserción social, afirmó.

Sin embargo, la CNDH y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitieron medidas cautelares a favor de 23 internos del penal de Acámbaro, posibles víctimas de tortura que estaban aisladas e incomunicadas en un dormitorio como una forma de sanción que no está estipulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“El personal de la CNDH identificó condiciones y prácticas que ponían en riesgo la integridad de dichas personas, en quienes se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto”, señaló el organismo.

El Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato debe garantizar la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes para erradicar esas prácticas, sentenció la Comisión.

Los 23 internos fueron aislados en un dormitorio por “una situación de tensiones entre personas privadas de la libertad”, sostuvo la Secretaría de Seguridad.

Agregó que el aislamiento no fue un castigo, sino una medida preventiva para salvaguardar la integridad física y la seguridad de los internos y de toda la población penitenciaria.

“Estas acciones fueron contundentes y se ejecutaron con atención inmediata, dejando constancia de todo en los registros documentales correspondientes. Dicha medida permitió desescalar la situación de riesgo y cumplió con su objetivo de mantener la gobernabilidad en el centro”, argumentó.

La CNDH denunció que personal del penal impidió “el desarrollo de las actividades de supervisión y no permitieron continuar con las entrevistas a las personas privadas de la libertad”.

La Secretaría de Seguridad y Paz aseguró que las puertas de los Cepreresos están abiertas para la supervisión de organismos nacionales de derechos humanos, así como para la labor de medios de comunicación, pero en base a los procedimientos internos y condiciones de seguridad.

En el penal de Acámbaro se realiza un relevo administrativo desde la Dirección del centro hasta personal de custodia, un refuerzo de la presencia de personal médico, una colaboración y la atención de las medidas cautelares emitidas, señaló Seguridad y Paz.

La CNDH manifestó que está en disposición de colaborar con el Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato para que la aplicación de la normatividad y protocolos, así como la operatividad, sea compatible con el respeto a los derechos humanos.

La Comisión exhortó al Sistema Penitenciario del gobierno del Estado de Guanajuato a cumplir con la debida aplicación de las salvaguardias que garanticen la integridad de los 23 internos.

“Dichas personas estaban, supuestamente, sujetas a sanciones que, al no estar contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrían vulnerar sus derechos humanos con aislamiento, sin comunicación con el exterior y sin desplazamiento por otras áreas”, detalló.

Agregó que el 11 de agosto, como parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, personal de la CNDH recorrió un dormitorio en el que estaban los 23 internos.

Derivado de la supervisión, la CNDH y la Prodheg emitieron medidas para que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y mental de los internos.

Añadió que la autoridad debe permitir que los internos tengan comunicación con su familia y con personas defensoras, revisar su estado de salud y que se haga la debida certificación de las lesiones que presentan.

El objetivo es erradicar las prácticas que vulneran la integridad y dignidad de las personas, concluyó.