Acámbaro, Gto., La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitieron medidas cautelares a favor de 23 internos del Centro de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, posibles víctimas de tortura que estaban aisladas e incomunicadas en un dormitorio como una forma de sanción que no está estipulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“El personal de la CNDH identificó condiciones y prácticas que ponían en riesgo la integridad de dichas personas, en quienes se observaron lesiones en diversas partes del cuerpo y al ser entrevistadas refirieron que estaban en esas condiciones desde el primero de agosto”, difundió el organismo.

Por ese motivo exhortó al sistema penitenciario de Guanajuato a “vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardas de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad.”

A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dijo, se destaca la importancia de aplicar estrategias de revisión aleatoria en las áreas para garantizar que las sanciones disciplinarias sean llevadas a cabo por el comité técnico.

La CNDH exhortó al sistema penitenciario de Guanajuato a cumplir con la debida aplicación de las salvaguardas que garanticen la integridad de los 23 internos.

Expuso que “esas personas estaban supuestamente sujetas a sanciones que al no estar contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal podrían vulnerar sus derechos humanos con aislamiento, sin comunicación con el exterior y sin desplazamiento por otras áreas”.

Agregó que el 11 de agosto pasado, como parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, personal del organismo visitó un dormitorio donde estaban los reos.

Sin embargo, las tareas de los visitadores fueron interrumpidas por personal de seguridad y custodia, quienes impidieron la supervisión y no permitieron continuar con las entrevistas a los presos, quienes fueron llevadas a otros dormitorios.

Derivado de esa supervisión, la CNDH y la Prodheg emitieron medidas para que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad.