Guanajuato, Gto. Antes de que terminara la administración estatal 2018-2024, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó 3.2 millones de pesos a Picolíssima, empresa agrícola del entonces secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y de su esposa Geraldine Franco Padilla, denunció la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo.

El cinco de julio de 2024, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, que encabezó Paulo Bañuelos Rosales —ahora titular del Parque Agro Tecnológico Xonotli—, otorgó los apoyos a la empresa de Alvar Cabeza de Vaca, dedicada a la siembra y comercialización de productos agrícolas.

La entrega de recursos públicos a la compañía del ex secretario de Seguridad es corrupción, acusó la legisladora en entrevista.

La Auditoría Superior del Estado (ASEG) debe auditar el proceso de entrega de recursos y las transacciones hechas con la empresa de Alvar Cabeza de Vaca, declaró.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que el caso ya es investigado por la ASEG.

“Lo que tengo entendido es que no es un apoyo directo a él, es a través de su esposa, a través de una empresa”, manifestó.

Hades Aguilar difundió un video, donde cuestionó: “¿Cómo quieren que la gente confíe en este gobierno?, si premian a esos funcionarios con millones de pesos”.

En una comparecencia de Alvar Cabeza de Vaca, la diputada Hades Aguilar cuestionó al secretario de Seguridad si “su empresa ha obtenido contratos, apoyos o financiamientos por parte del sector público”.

“Hemos visto que le va muy bien, secretario, no nos puede engañar”, señaló la legisladora.

En esa ocasión el secretario fue enfático: “No hay un solo peso, de ningún tercero, ni de gobierno federal, ni estatal, ni municipal”.

El secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, no fue ratificado por Libia García Muñoz Ledo, que el 26 de septiembre del 2024 tomó protesta como gobernadora de Guanajuato.

Durante 12 años, Alvar Cabeza de Vaca fue secretario de Seguridad en los sexenios de Miguel Márquez Márquez y de Diego Sihue Rodríguez Vallejo.

El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estipula que los funcionarios deben “conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

La fracción VI de la ley señala que el conflicto de interés es “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

“La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo estos entran en conflicto con su función”, señala el artículo 47.

De acuerdo con el artículo 57, el ex secretario de Desarrollo Agroalimentario pudo incurrir en un desvío de recursos, que se configura cuando un servidor público “autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.