Guanajuato, Gto. El alcalde de Romita, Pedro Tanamachi Reyes, solicitó una prórroga para cumplir con la recomendación derivada de la desaparición forzada de tres jóvenes a manos de policías municipales, informó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Karla Alcaraz Olvera.

“Ya recibimos el documento a través del cual el edil de Romita acepta las recomendaciones, nos pide justo una prórroga para el cumplimiento de las mismas, precisamente por la compensación”, informó la procuradora.

La prórroga tiene vigencia hasta el 22 de agosto y será la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas quien determine el monto que el municipio deberá pagar a las familias de los tres jóvenes, explicó.

“Hoy por la mañana me comuniqué con el alcalde, él tuvo una comunicación conmigo y nos dice que está ya en proceso de la determinación que haga la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para la compensación”, detalló.

Además de la compensación económica, el alcalde debe pedir una disculpa pública por los hechos ocurridos en la administración (2021-2024) que encabezó el entonces presidente municipal priísta, Oswaldo Ponce Granado.

El 19 de febrero del año 2023, Daniela Castro, de 27 años; Juan Pablo Vargas, de 29 años, y Carlos Esteban Rocha, de 25 años, fueron arrestados por la Policía de Romita después de participar en un accidente vial; días después, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina.

En el arresto intervinieron los policías Casimiro, César y Roberto, así como el director, Roberto López Valadez. En este caso hubo desaparición forzada porque, de acuerdo con testimonios de un policía y dos testigos, “no hubo motivo justificado para la detención”, señaló la Prodheg.

La procuradora emitió seis resolutivos de recomendación al actual alcalde panista Pedro Tanamachi Reyes, para que otorgue una compensación económica, pida una disculpa pública, inicie una investigación, otorgue atención psicológica e integre una copia de la resolución al expediente de los responsables.

La recomendación establece que “se instruya a quien legalmente corresponda para que se imparta una capacitación a las autoridades responsables”.

La titular de la Prodheg calificó como “muy grave” la desaparición de los jóvenes y, aunque los responsables ya no laboran en el gobierno local, deben ser sancionados administrativamente con una inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El director de Policía y los tres policías fueron arrestados, vinculados a proceso, pero este año fueron liberados porque el juez determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó las pruebas que acreditaran que los jóvenes fueron entregados a un grupo criminal.

Sobre el caso penal, Karla Alcaraz dijo que su investigación es independiente y “nosotros logramos acreditar que se dio esta desaparición forzada a manos de estas personas”.