No es lo mismo la legítima defensa de las estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro en la Ciudad de México, que defender la memoria viva que confronta todos los días a un Estado responsable por omisión o complicidad de miles de desapariciones, feminicidios y demás atrocidades cometidas en el México actual.
La Ruta de la Memoria nació en avenida Reforma y llega hasta el Zócalo. La conforman una serie de antimonumentos estéticamente diseñados que confrontan no sólo al Estado, sino a un sector de la sociedad que prefiere mantenerse al margen de lo que ocurre a su alrededor. Hasta que les toca.
El primer antimonumento que emergió en esta capital es el 43+, instalado, como el resto de los que han surgido en una década, en una acción colectiva que exige verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y para los más de 125 mil desaparecidos en este adolorido país. Y es justo este antimonumento el que el pasado 5 de agosto fue atacado, al provocarse un incendio en el espacio que ocupa en Reforma y Bucareli.
Lo que sucedió es parte de una estrategia de desmantelamiento de la memoria instalada en el Paseo de la Reforma, perfectamente planificada y orquestada desde el gobierno de la Ciudad de México, acusa el colectivo Ruta de la Memoria en un comunicado en el que advierte que no es la primera vez que se agreden estas instalaciones y que cuentan con información de que hay una orden de desmantelarlas para dejar una ciudad limpia, sin fichas de desaparecidos y sin rastro de protestas ni denuncias en el contexto del Mundial de Futbol el año entrante.
La memoria viva incomoda, pues se trata de una denuncia permanente que exige justicia al Estado mexicano, no de dos estatuas de leyendas latinoamericanas que le estorban a una iracunda alcaldía priísta. Y aquí hay una clara diferencia en el trato institucional.
Las indignaciones actuales y los antimonumentos que las representan no deberían ser considerados focos rojos que hay que desactivar, sino espacios que deben respetar, encontrar a los responsables de los ataques en su contra, y dejar que sigan siendo preservados y cuidados por una sociedad civil responsable de la lucha contra el olvido.
