Bogotá. Cientos de simpatizantes del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) marcharon este jueves en diferentes ciudades del país para mostrar solidaridad con el político, mientras el Gobierno denunció presuntas amenazas por parte de empresas para que sus empleadores acudieran a las manifestaciones.

En Medellín, ciudad considerada como el bastión político del ex mandatario, tuvo lugar una concentración de personas que pedían revocar la pena dictada contra el ex gobernante de 12 años de prisión domiciliaria, y que por orden judicial ya cumple en una de sus lujosas propiedades en la región de Rionegro, Antioquia, en el noroeste.

Las marchas fueron convocadas por la colectividad política que fundó el ex jefe de Estado, el partido Centro Democrático, después de que se le impusiera la pena tras ser hallado culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En tanto, el Ministerio de Trabajo informó la víspera que ante denuncias recibidas de presuntas actuaciones de empresas constriñendo a sus trabajadores para asistir a la marcha convocada por un sector político del país este 7 de agosto, en rechazo a la condena del expresidente Álvaro Uribe, se realizarán investigaciones.

“El Ministerio del Trabajo rechaza toda vulneración a los derechos laborales de los y las trabajadoras de Colombia. La protesta social y la libertad de expresión son derechos fundamentales que, en el marco de las garantías, en especial de la libertad, deben transcurrir de manera pacífica y sin violencias de ningún tipo contra quienes se movilicen o decidan no hacerlo”, reza el comunicado.

Aseguró que “se ordenarán de inmediato acciones de inspección, vigilancia y control a las empresas de las que se tenga conocimiento de presuntos casos de violencias, amenazas o violación de la normatividad laboral en contra de sus trabajadores”.