San Cristóbal de las Cass, Chis.- Una docena de organizaciones de izquierda de Alemania y la vicaría de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal se unieron a la condena por el allanamiento a la casa de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Lilia Robledo, ocurrido el 22 de este mes.

“Condenamos el allanamiento de la vivienda de Roblero, directora del Frayba, cuyo trabajo viene siendo marcado desde hace meses por trabas, amedrentamiento y vigilancia sistemática”, dijeron las agrupaciones alemanas, entre ellas Ya basta Netz, Gira zapatista Hamburg, La gota negra y Kollektiv zapatista.

“La irrupción en la casa de Dora Robledo y la falta de respuesta adecuada de parte del Estado mexicano representan una grave violación de los derechos humanos y de los estándares internacionales de protección de las personas defensoras”, agregaron. 

En un comunicado señalaron que “el ataque directo contra Dora Robledo y el Frayba es claramente por su trabajo contra la violencia y el fracaso del Estado mexicano en el estado de Chiapas. Exigimos al Estado mexicano garantías inmediatas y seguridad integral para de la directora
y el equipo” de organismo. 

Asimismo, una “investigación seria e inmediata del allanamiento de la vivienda; cumplimiento íntegro de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); poner fin a las negligencias institucionales y a las maniobras de engaño que violan los derechos de quienes luchan por la vida y la dignidad”. 

La vicaría de la diócesis, por su parte, condenó “los actos de intimidación y allanamiento a la vivienda” de Dora, al tiempo de expresar su “profunda preocupación por estos hechos” sucedidos en el actual contexto de violencia que vive Chiapas.

“El Estado tiene la obligación de brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos mediante el Mecanismo de Protección, para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas que tienen un alto riesgo de vivir agresiones por motivos laborales”, expresó. 

En un comunicado firmado por el vicario general, Miguel Angel Montoya Moreno y la secretaria canciller, María Reyes Arias Sarao, solicitó al Estado Mexicano “garantizar la seguridad y los mecanismos necesarios para las personas integrantes del Frayba, así como a toda persona que defienda los derechos humanos de la población chiapaneca”. 

Concluyó: “Sabemos y somos testigos de la gran labor que ha venido realizando el Centro de Derechos Humanos Fray Benítez, para garantizar los derechos humanos de las poblaciones que más lo necesitan, por lo que hacemos votos para que el Estado fortalezca la protección que requieren y con esa noble labor que abona a la vida digna de todas las personas”. 

El Frayba denunció en su oportunidad que el allanamiento ocurrió en San Cristóbal, aproximadamente a las 19:52 horas del pasado martes 22, al tiempo de asegurar que “no es un hecho aislado”, ya que “en menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento” en contra de un integrante del organismo “en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante el gobierno federal y estatal, así como ante la CIDH, que le otorgó las Medidas Cautelares MC-5210”.