Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles, como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) y Serapaz, demandaron al gobierno de Chiapas y federal garantizar “de manera urgente e integral” la seguridad de Dora Roblero y del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ante el allanamiento a la vivienda de la defensora, el 22 de julio pasado en San Cristóbal de Las Casas.
En un comunicado, también exigieron que la fiscalía estatal realice una investigación exhaustiva, imparcial y sin dilación de los hechos y que se establezca un plan de acción frente a la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chiapas, que contemple acciones de prevención, protección e investigación e involucre actores de gobierno municipal, estatal y federal.
Aglutinadas en Espacio OSC, las organizaciones manifestaron su “profunda” preocupación y condena por el allanamiento y que a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la activación del botón de emergencia otorgado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos resultó ineficaz”.
Aseveraron que la respuesta institucional fue “tardía, descoordinada y limitada, sin protocolos de actuación claros por parte de las autoridades presentes. No se verificaron posibles afectaciones a las medidas existentes, ni se canalizó a otras instancias competentes”.
Expusieron que el allanamiento se enmarca en un contexto de agresiones reiteradas contra integrantes del Frayba, y en Chiapas, que suma de 2017 a 2024 al menos 11 defensores y cuatro periodistas asesinados en presunta relación con su labor, incluyendo el del padre Marcelo, el 20 de octubre de 2024.
“Todo ello en un escenario de creciente violencia estructural y criminal en los Altos de Chiapas, que ha llevado a que en la actualidad sea la quinta entidad con mayor número de personas defensoras y periodistas en riesgo y con medidas de protección (124), lo que evidencia el deterioro grave de las condiciones para la defensa de los derechos humanos en México, particularmente en esta región, como ha sido denunciado en múltiples ocasiones por diversas organizaciones”, sostuvieron.
