Washington. Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en Estados Unidos sin permiso legal, según un acuerdo del que supo The Associated Press.

La información permitirá a los funcionarios de ICE encontrar “la ubicación de extranjeros” en todo el país, dice el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

La divulgación extraordinaria de millones de datos personales de salud a las autoridades de deportación es la más reciente escalada en la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3 mil personas diariamente.

Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de las autoridades migratorias a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Funcionarios del Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés) dijeron que la medida, reportada por primera vez por la AP el mes pasado, tenía como objetivo identificar a personas inscritas en el programa de manera indebida.

Pero el acuerdo deja claro lo que los agentes del ICE pretenden hacer con los datos de salud.

“El ICE utilizará los datos de CMS para permitir que el ICE reciba información de identidad y ubicación sobre los extranjeros identificados por el ICE”, dice el acuerdo.

Tales divulgaciones, incluso si no se actúa sobre ellas, podrían causar alarma generalizada entre las personas que buscan ayuda médica de emergencia para ellas mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para reprimir la inmigración ilegal han hecho que las escuelas, iglesias, tribunales y otros lugares cotidianos parezcan peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada.

El portavoz del Departamento de Salud, Andrew Nixon, no quiso comentar sobre el acuerdo. Sin embargo, no está claro si Seguridad Nacional ya ha accedido a la información. La secretaria adjunta del departamento, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que las dos agencias “están explorando una iniciativa para asegurar que los extranjeros ilegales no estén recibiendo beneficios de Medicaid que están destinados a estadunidenses respetuosos de la ley”.

La base de datos revelará a los funcionarios del ICE los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números de Seguro Social de todas las personas inscritas en Medicaid. El programa, financiado por los estados y el gobierno federal, proporciona cobertura de atención médica a las personas más pobres, entre ellas, millones de niños.

El acuerdo no permite que los agentes del ICE descarguen los datos. Se les permitirá acceder a ellos por un período limitado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre.

“Tratan de convertirnos en agentes de inmigración”, dijo un funcionario de CMS que no está autorizado para hablar con los medios e insistió en mantenerse en el anonimato.

Los inmigrantes que no viven legalmente en Estados Unidos, así como algunos inmigrantes autorizados, no pueden inscribirse en el programa Medicaid que proporciona cobertura casi gratuita para servicios de salud. Medicaid es un programa financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.

Pero la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que cubre solo los servicios que salvan vidas en salas de urgencias, a cualquier persona, incluidos los no ciudadanos estadunidenses. El servicio es utilizado a menudo por inmigrantes, incluso quienes están legalmente en el país y aquellos que no lo están.

Muchas personas se inscriben en Medicaid de emergencia en sus momentos más desesperados, dijo Hannah Katch, anterior asesora de CMS durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

“Es impensable que CMS violara de esta manera la confianza de los afiliados a Medicaid”, dijo. Señaló que, históricamente, la información personal identificable de los afiliados no se ha compartido fuera de la agencia, a menos que sea para fines de aplicación de la ley con el objetivo de investigar el desperdicio, fraude o abuso del programa.

El mes pasado, los funcionarios del gobierno de Trump exigieron que el personal de la agencia federal de salud liberara información personal identificable de millones de afiliados a Medicaid en siete estados que permiten que los no ciudadanos estadounidenses se inscriban en sus programas completos del servicio.

Los estados pusieron en marcha estos programas durante el gobierno de Biden y dijeron que no facturarían al gobierno federal para cubrir los costos de atención médica de esos inmigrantes. Todos esos estados —California, Nueva York, Washington, Oregón, Illinois, Minnesota y Colorado— tienen gobernadores demócratas.

Esa transferencia de datos a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) provocó una reacción generalizada de legisladores y gobernadores. Desde entonces, 20 estados han presentado demandas por la medida, alegando que violaba las leyes federales de privacidad de la salud.

Anteriormente, los funcionarios de CMS lucharon sin éxito para detener la transferencia de datos que ahora está en el centro de las demandas. El lunes, dichos funcionarios debatían una vez más si deben proporcionar acceso al DHS, mencionando preocupaciones sobre el litigio en curso.

En una cadena de correos electrónicos obtenida por la AP titulada “Hold DHS Access — URGENT” (“Detener el acceso del DHS — URGENTE”), el director legal de CMS, Rujul H. Desai, dijo que primero deberían pedir al Departamento de Justicia que apelara directamente a la Casa Blanca para obtener una “pausa” en la transferencia de información. En una respuesta recibida al día siguiente, la abogada del Departamento de Salud, Lena Amanti Yueh, dijo que el Departamento de Justicia estaba “cómodo con que CMS procediera a proporcionar acceso al DHS”.

Decenas de miembros del Congreso, como el senador demócrata de California Adam Schiff, enviaron cartas el mes pasado a los funcionarios del DHS y el HHS exigiendo que se detuviera la transferencia de información.

“La transferencia masiva de los datos personales de millones de beneficiarios de Medicaid debería alarmar a todos los estadounidenses. Esta violación masiva de nuestras leyes de privacidad debe detenerse de inmediato”, dijo Schiff en respuesta a la descripción de AP del nuevo acuerdo ampliado. “Dañará a las familias de todo el país y hará que más ciudadanos renuncien al acceso vital a la atención médica”.

El nuevo acuerdo deja claro que el DHS utilizará los datos para identificar, con fines de deportación, a personas que están en el país de forma ilegal. Pero las autoridades del HHS han sostenido repetidamente que se utilizaría principalmente como una medida de ahorro de costos, para investigar si los no ciudadanos estadunidenses acceden indebidamente a los beneficios de Medicaid.

“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, para garantizar que los beneficios de Medicaid estén reservados para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”, dijo Nixon el mes pasado, en un comunicado respondiendo a las demandas.