Las confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual incluye una iniciativa de reforma para tipificar este delito que generó pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.

Representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas, señaló el sector patronal, antes de referir que datos oficiales indican que cada día 32.3 personas son víctimas de este ilícito.

Apuntó que 12.8 por ciento de las empresas agrupadas en la Coparmex han sido víctimas de extorsión, en particular por teléfono (70.5 por ciento), por lo que es uno de los obstáculo para crecer. Las empresas más afectadas son las micro, pequeñas y medianas, las cuales generan 65 por ciento de los empleos.

El organismo del sector privado indicó que es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias.

Apuntó que el combate al flagelo es una medida necesaria y resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata.

La Coparmex sugirió que la estrategia debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica, pues aunque este delito no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen.

Seguiremos colaborando activamente en la construcción de soluciones que protejan a las personas, a las empresas y al país. La extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad, indicó la Coparmex.

La extorsión no es sólo un delito económico, es una forma de sometimiento social y territorial, señaló la Concanaco antes de celebrar que se plantee una reforma estructural que deje de responsabilizar exclusivamente a las víctimas y que el Estado asuma la persecución del delito.

La extorsión no sólo distorsiona el mercado: cobra vidas, encarece productos y destruye la confianza. Por eso, perseguirla de oficio no es únicamente una medida jurídica: es un acto de justicia, de memoria y de Estado. Desde el sector productivo, desde los negocios familiares hemos exigido esta reforma durante años, porque sabemos lo que significa operar bajo amenaza. Reconocemos que el Estado ha escuchado, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco-Servytur.