Pese a ser liberado y absuelto de cargos, organizaciones ambientalistas aseguraron que los derechos humanos del activista Renato Romero Camacho fueron violados durante todo su proceso judicial en Cholula por las autoridades locales y la concesionaria Agua de Puebla para Todos, al defender el líquido que pertenece a las comunidades de San Miguel Xoxtla y Nealtican.

En entrevista, Itzel Arteaga San Germán, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destacó que durante el caso se detectó la criminación por la defensa del agua y los territorios, la detención arbitraria del activista del pasado día 1°, procesos de incomunicación durante el arresto y limitar acceso a una defensa adecuada durante la imputación de cargos.

La especialista señaló que la detención -derivada de las acusaciones hechas por la compañía por los delitos de despojo agravado y daño a propiedad privada- busca intimidar al activista para evitar que continúe con su lucha en defensa del agua para las comunidades. Las autoridades locales buscan concretar acuerdos para integrar los acuíferos comunitarios al sistema de distribución metropolitano, lo que afectaría a las comunidades.

Según las autoridades ministeriales, Renato Romero, junto con otras personas, participaron en una manifestación en San Miguel Xoxtla y se arrojaron piedras donde se realizaban obras para la instalación de tubería para el suministro de agua potable, lo que habría provocado “cuantiosos daños materiales”.

Pese a ser liberado el pasado viernes y ser retirados los cargos, Arteaga San Germán apuntó que las violaciones que vivió el activista continúan. “Últimamente la criminalización se está utilizando cada vez más como un mecanismo para obstaculizar o impedir la labor de defensa de las personas defensoras”, comentó.