Con amenazas y de forma violenta, 473 parcelas han sido invadidas desde hace más de una década por integrantes del Frente Popular Francisco Villa en el paraje El Arco, perteneciente a La Ciénega, en la alcaldía Tláhuac. De 513, actualmente sólo 40 son cultivadas y en el resto se han construido viviendas rústicas.

De acuerdo con el programa delegacional de desarrollo urbano de 2008, esa zona es considerada suelo de conservación y reserva ecológica; abarca más de 576 hectáreas protegidas desde 1994 por un decreto presidencial. Sin embargo, desde 2014 ejidatarios de San Francisco Tlaltenco han sido despojados de sus tierras en una superficie de 120 hectáreas por esa agrupación.

Sin que ninguna autoridad haya intervenido, los asentamientos irregulares se han extendido e incluso ya cuentan con servicio eléctrico de 18 transformadores de la Comisión Federal de Electricidad, además de que sus habitantes tienen credencial del Instituto Nacional Electoral en la que constan sus domicilios en ese ejido, a pesar de que es un área ecológica protegida, donde además generan la contaminación por tiraderos de cascajo y asfalto.

Los comuneros agregaron que las construcciones asentadas carecen de drenaje, por lo que descargan sus desechos directamente en los canales que atraviesan Tláhuac.

En un recorrido por ese lugar, desde la estructura de la estación del Metro Zapotitlán, con dirección a la terminal Tláhuac, se pudo constatar la expansión de las construcciones y de caminos improvisados sobre lo que antes era tierra fértil. Aquí se da la calabacita, frijol, maíz y haba, señalaron los ejidatarios.

Según testimonios hechos de forma anónima por temor a represalias, muchos terrenos se vendieron bajo presión e incluso se han registrado agresiones armadas por parte de 12 grupos de choque contra quienes intentaron resistirse al despojo.

Esta lucha ha sido larga, pero seguimos firmes. Desde hace años, en asambleas con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría Agraria, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, los quejosos han entregado documentos y presentado demandas puntuales: la recuperación del suelo de conservación y el cumplimiento de las leyes agrarias y ambientales que protegen al ejido La Ciénega.

Además, denunciaron que durante la pandemia el avance de las invasiones se incrementó hasta en 80 por ciento sin que se activaran medidas de contención. El gobierno atribuye el problema al descuido del pueblo y no es así, la gente del pueblo quiere la tierra como recurso natural.

A pesar de las promesas oficiales y los compromisos asumidos en distintas reuniones, los comuneros aseguran que no se ha ejecutado ningún operativo de desalojo ni de demolición de las viviendas que se asientan sobre los terrenos invadidos.

El pueblo de Tlaltenco mantiene su exigencia hacia el gobierno capitalino y la alcaldía: que se haga valer la promesa de recuperación del suelo de conservación. Mientras las denuncias no procedan, la lucha que formalmente empezó en 2014 continuará.