Ciudad de México. Denuncian ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Contralor General del CJF, Antonio González García, al magistrado Rafael Rojas Licea, Visitador General de la Visitaduría Judicial, “por las conductas de violencia laboral y discriminación por razón de género”, en contra de Sandra Suárez Arellano, quien actualmente se desempeña como secretaria de Juzgado de Distrito.

Suárez Arellano señaló en los escritos dirigidos al Pleno del CJF que el magistrado Rojas Licea —quien fue señalado en días pasados por funcionarios de la Judicatura de haber asignado como visitadores “B” a tres personas sin que hubieran cumplido los requisitos para ello—, que desde marzo pasado, “inició en mi contra violencia laboral y discriminación por razón de género ya que dicho funcionario público a través de llamadas telefónicas me exigía la renuncia a mi encargo, a su dicho para que cumpliera con mis funciones de ‘mamá’”, ya que solicitó cambiar su rol de inspecciones a juzgados y tribunales.

En el escrito de denuncia, del cual posee copia La Jornada, refiere que Rojas Licea, “llegado el término de los tres años de mi encargo, de manera unilateral y sin que mediara, resolución fundada y motivada, me coartó la posibilidad de que mi nombramiento fuera prorrogado por una sola ocasión, a consideración del Pleno, y bajo una narrativa que refuerza estereotipos sexistas sobre el rol de las mujeres en el ámbito laboral y familiar”.

Sandra Sánchez Arellano señala en su denuncia que el proceder del Visitador General hacia su persona “constituye una expresión claramente discriminatoria, basada en estereotipos de género y roles tradicionales asignados a la mujer, que atentan contra mis derechos laborales, mi dignidad y mi derecho a decidir libremente sobre mi vida profesional y personal”.

Con cual, las acciones del Visitador General, son contrarias “a lo que prevé la Circular CJF/UPCVLAS/09/2025 emitida por el Pleno del CJF respecto a cero tolerancias a toda forma de violencia dentro del propio consejo”, circular que fue emitida el pasado 24 de junio por María de Lourdes Lozano Mendoza, titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual y publicada en la página web de la Judicatura el pasado 30 de junio. 

En su escrito de denuncia, el cual Suárez Arellano acompañó de sus evaluaciones, señaló que el hostigamiento laboral del que fueron objeto y por no aceptar renunciar a su designación como visitadora, trajo como resultado que perdiera su nombramiento “y el ingreso que derivaba de él, sin que se me otorgara la garantía de audiencia, sin notificación escrita de resolución alguna, y bajo una narrativa que refuerza estereotipos sexistas sobre el rol de las mujeres en el ámbito laboral y familiar”.